Los famosos recortes de gasto anunciados por Donald Trump han llegado, y son tan ilegales como polémicos. El presidente ha ordenado congelar una parte enorme del gasto público ya previsto por los Presupuestos, algo que el Congreso prohibió y que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional cuando Richard Nixon intentó hacerlo hace 50 años. Las partidas afectadas van desde Sanidad hasta Justicia, y demuestran que el nuevo presidente está dispuesto a tensionar la ley estadounidense desde el primer momento.
La clave es que en EEUU es el Congreso el que ordena al Gobierno en qué debe gastar el dinero, y el Gobierno no puede negarse a ejecutar los fondos aprobados en los Presupuestos, le gusten o no. Así lo establece una ley de 1974, que fue respaldada por el Tribunal Supremo, y que se aprobó precisamente para detener al expresidente republicano Nixon, que se negaba a dar fondos para gastos a los que él se oponía, pero que habían sido aprobados por el Congreso. Esta misma ley estuvo detrás del primer ‘impeachment’ al propio Trump en 2020, después de que el actual presidente se negara a entregar fondos de Defensa a Ucrania.
Y la lista de partidas que Trump ha congelado es larga y polémica. La semana pasada, ordenó congelar las ayudas a países extranjeros, salvo a Israel y Egipto, y los pagos a universidades e instituciones públicas de investigación sobre enfermedades. Esta semana ha paralizado las entregas a los estados para financiar la sanidad pública para personas pobres (Medicaid), los fondos de prevención del suicidio del Departamento de Veteranos o el programa de desayunos y comidas escolares gratis para niños pobres. Y ha ordenado a la Fiscalía desviar los fondos para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado para gastarlos en deportaciones de inmigrantes. Numerosos centros de investigación, entre ellos algunos de lucha contra el cáncer, ya han anunciado que tendrán que cerrar sus puertas y despedir a su plantilla si el embargo de fondos continúa.
La respuesta de un buen número de fiscales generales de estados, principalmente demócratas, ha sido anunciar que irán al Tribunal Supremo a denunciar estos movimientos. Según la ley en cuestión, esas congelaciones deben ser notificadas al Congreso y, si este no las autoriza, el Gobierno debe pagar dichos fondos inmediatamente pasados 45 días. Por el momento, el presidente no ha informado de estas decisiones. Y el presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, dice que apoya estos recortes de gastos, aunque los republicanos no tienen la mayoría suficiente para aprobar esas anulaciones según exige la ley.
Todas estas decisiones forman parte del plan de Trump para reformar el Gobierno a fondo desde el primer momento, aunque eso suponga violar o forzar las leyes. El presidente ha exigido que todos los beneficiarios de fondos estatales cancelen los programas para evitar la discriminación por motivos de género, raza o identidad sexual, algo que Trump rechaza. Pero también ha bloqueado fondos que no tienen que ver con ello, para “ahorrar” dinero, alegando que las empresas privadas pueden sufragar las investigaciones en cuestión.
Esta decisión podría poner al país al rojo vivo cuando haya que aprobar los siguientes presupuestos. Los republicanos tienen una mayoría minúscula e insuficiente para aprobar leyes por sí solos, y tienen que negociar con los demócratas. Pero resulta difícil ver qué concesiones le podrían dar a la oposición si luego el presidente podría negarse sin más a ejecutar esas partidas. Trump no quiere andarse con medias tintas en su segundo mandato, aunque eso suponga incendiar al sistema constitucional estadounidense.
Fuente: Revista El Economista
