Con la resaca de la Cumbre de líderes de la UE que tuvo lugar la semana pasada en Bruselas, los ministros de Economía y Finanzas abordarán las fórmulas para financiar el rearme del bloque. En una cena el lunes y un desayuno el martes, los Veintisiete mantendrán un primer debate sobre el paquete de 800.000 millones para impulsar el gasto en defensa, que incluye un fondo de 150.000 millones en préstamos dispuesto por la Comisión Europea y la posibilidad de flexibilizar las reglas fiscales.
Lo hace en un contexto especialmente sensible. Después de que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca haya supuesto un seísmo para la política exterior, no solo por su decisión de congelar la ayuda a Ucrania sino por las negociaciones que mantiene con el líder del Kremlin, Vladimir Putin, para poner fin al conflicto en Kiev pero sin contar con la opinión del pueblo ucraniano.
Los titulares de Economía mantendrán una cena, al final de la jornada del lunes, tras el Eurogrupo, para abordar el paquete dispuesto por la Comisión Europea para movilizar 800.000 millones de euros para defensa y ver las posibilidades para incrementar estas partidas. Tras el respaldo de los líderes de la semana pasada al plan de Rearmar Europa, los ministros tendrán ahora que definir los detalles y los compromisos y cómo poner el plan de la Comisión Europea en marcha.
Bruselas ponía sobre la mesa varios instrumentos: por un lado, un fondo dotado de 150.000 millones de euros en préstamos que, posteriormente los países tendrían que devolver. También la posibilidad de redirigir fondos del presupuesto comunitario, concretamente fondos de Cohesión para impulsar el gasto en Defensa. Además está la opción de utilizar la financiación del Banco Europeo de Inversiones y, por último, Bruselas ha propuesto dar flexibilidad fiscal a los países para que el gasto en defensa no compute a la hora de calcular el déficit.
Esta última medida, con la que la Comisión Europea pretende que los países incrementen el gasto en defensa en un 1,5% del PIB y canalizar 650.000 millones de euros, será objeto de la conversación que los ministros de Economía y Finanzas tendrán en un desayuno el martes. La idea es que los países utilicen este margen para elevar su presupuesto para defensa aunque hay países que piden más.
Más en varios sentidos. Si hace tan solo un mes, en el Eurogrupo de febrero, Alemania rechazaba cualquier idea que se acercara a una emisión de deuda conjunta a nivel comunitario, la situación ha cambiado. Berlín deja atrás su disciplina fiscal y, tras proponerse poner fin a su regla de deuda, pedía a Bruselas una mayor flexibilidad dentro de las reglas fiscales y una visión a largo plazo para que los países “puedan gastar lo que les parezca oportuno”, en palabras del canciller alemán saliente, Olaf Scholz.
Con este movimiento, Alemania deja sola a Países Bajos, en su posicionamiento frugal y contrario a recursos comunes a nivel europeo. Desde otra perspectiva, países como Francia o España reclamaban que se dispongan instrumentos comunes a nivel comunitario, en una llamada a los eurobonos. Un reclamo a la Comisión Europea que, finalmente, recogieron los líderes de la UE en sus conclusiones de la pasada semana.
Simplificación
El otro gran melón sobre la mesa de discusión de los ministros el martes es la simplificación regulatoria propuesta por Bruselas para la sostenibilidad empresarial, la diligencia debida y las normas de taxonomía. Esta reforma, ampliamente criticada por acercarse a la desregulación, trata de mejorar la competitividad de la UE a través de la reducción de la carga burocrática, especialmente para las pymes. Este diálogo, si bien se ha iniciado a nivel técnico, se traducirá en un debate de orientación pero no se esperan resultados concretos del encuentro de este martes.
Menos carga administrativa
La intención de la Comisión Europea, delineada en su Brújula de Competitividad, es ejecutar varios paquetes de simplificación regulatoria. Lo que busca es reducir la burocracia en un 25% para todas las empresas y un 35% para las pequeñas y medianas empresas. Un ejercicio que ayudará a reducir, al tiempo, los costes administrativos hasta 37.500 millones de euros al año y que tiene por objetivo eliminar la burocracia empresarial para favorecer el crecimiento y la inversión de las compañías europeas.
Fuente: Revista El Economista
