Wilman Alarcón y Rebeca García, delegados de la Asociación de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador, aportaron con criterios de mejora a la Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, en análisis de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.
Alarcón señaló que la institucionalidad del sistema penitenciario atraviesa una crisis histórica, por lo quesolicitó trabajar en un marco jurídico autónomo, moderno y funcional que garantice la protección de los servidores penitenciarios, en el marco de sus actuaciones para el restablecimiento del control en los centros de privaciónde libertad y “frente a los grupos de delincuencia organizada que se han apoderado de estos”.
Esta ley no debe ser un parche operativo, sino una apuesta por la seguridad integral del sistema y el bienestar de quienes lo resguardamos, dijo y aseveró que “no existe verdadera rehabilitación social si no hay disciplina y control interno, actuaciones de fuerza legalmente reconocida, con personal capacitado y protegido por la ley”.
Al respecto, García sugirió la posibilidad de generar mecanismos para incrementar el número de funcionarios operativos en el sistema, pues en la actualidad existe un déficit de cerca del 68% de guardias penitenciarios para el resguardo óptimo de las 36 mil personas privadas de la libertad a nivel nacional.
“Cuántos compañeros más tendrán que morir para que le den la importancia a lo que pasa dentro de los centros penitenciarios”, cuestionó y aseveró que las cárceles del país se han convertido en “escuelas del crimen”, por lo que se ven impedidos de ejercer plenamente sus funciones.
Los comparecientes coincidieron en que es casi imposible enfrentar al fenómeno delictivo dentro de los centros penitenciarios con armamento menos letal y disuasivo, mientras los privados de la libertad cuentan con armas letales. “No podemos enfrentarlos solo armados de valor”, dijo García.
Al finalizar las intervenciones, los legisladores de la comisión realizaron preguntas respecto a protocolos de acción frente a amotinamientos, provisión de insumos, chalecos y armamento, entre otros temas.
Por último, antes de clausurar la sesión, Inés Alarcón, presidenta de esta mesa legislativa, pidió que a través de secretaría se convoque al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), a delegados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, para construir en conjunto una normativa que responda al bienestar de los servidores penitenciarios, en el marco del respeto a los derechos humanos.
Fuente: Asamblea Nacional
