El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina ha aprobado este miércoles una normativa en virtud de la cual “todos los internos” del sistema penitenciario deberán participar en tareas de mantenimiento en las zonas comunes de las prisiones y no percibirán remuneración alguna por estos trabajos. El sistema, aunque no es igual, se parece al implementado por Nayib Bukele en El Salvador, donde los presidiarios tienen que realizar diferentes trabajos para no ser una ‘carga económica’ para el Estado. El Gobierno de Javier Milei acumula ya once superávits fiscales consecutivos. Aunque estas medidas tendrán un impacto pequeño en términos económicos suelen ser muy mediáticas.
Las actividades, que comprenden “tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”, podrían ser de hasta cinco horas diarias, tal y como se desprende de la normativa, recogida ya este miércoles en el Boletín Oficial.
“Con la resolución fortalecemos as tareas, se establecen cuáles son y un plazo total de cinco horas por día para llevarlas a cabo”, ha manifestado el subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, Julián Curi, en declaraciones al diario argentino ‘Clarín’. Hasta la fecha, Milei ha logrado cuadrar las cuentas públicas con draconianos recortes que, por otro lado, han reducido la inflación desde el 25% mensual hasta el 2,4% de noviembre, un dato asombroso. También el riesgo país se ha desplomado desde 2.100 puntos de finales de 2023 hasta los 660 puntos actuales. No obstante, el PIB ha vuelto a crecer con intensidad en el tercer trimestre del año, generando gran expectación.
Volviendo a la cuestión de los presos, la medida incluye a los casi 12.000 internos del sistema penitenciario argentino, sin distinguir entre procesados o condenados. También deberán cumplir con estas obligaciones aquellos presos catalogados como de “alta peligrosidad”, entre ellos varios narcotraficantes e incluso condenados por delitos de lesa humanidad.
Curi ha aprovechado para cargar contra gobiernos argentinos del pasado y la etapa ‘kirchnerista’ del país, cuando los presos “eran una víctima y no se les exigía ninguna labor”. “Cuidar la celda, el pabellón y patios son cuestiones básicas y no estaban reglamentadas. A partir del programa ‘Manos a la Obra’ lo ordenamos”, ha dicho.
Un modelo que imita al de Bukele
El modelo penitenciario implementado por Nayib Bukele en El Salvador ha captado la atención internacional por su enfoque contundente y sus innovadoras estrategias para enfrentar el problema de las pandillas y la delincuencia organizada. Parte esencial de este modelo es la incorporación del trabajo obligatorio para los presos, una medida destinada tanto a la rehabilitación como a la autosostenibilidad del sistema carcelario.
En este esquema, los reclusos son integrados en actividades laborales que abarcan desde la construcción y mantenimiento de infraestructura hasta la producción de bienes y servicios que pueden ser utilizados por el propio sistema penitenciario o incluso comercializados. Bukele ha defendido esta iniciativa como una forma de reeducar a los internos, obligándolos a adoptar rutinas laborales estrictas que buscan generar disciplina, responsabilidad y habilidades que podrían ser útiles al momento de reinsertarse en la sociedad. Según el gobierno, este modelo también tiene un efecto simbólico importante: los presos, especialmente los miembros de pandillas, contribuyen a reparar los daños causados por sus actividades delictivas.
El trabajo obligatorio tiene un componente económico significativo. La idea es que las prisiones sean, en parte, autosostenibles, reduciendo la carga fiscal para el Estado. Los presos trabajan en actividades como la producción de alimentos para las cárceles, la confección de ropa y el mantenimiento de los centros penitenciarios. Este enfoque no solo ayuda a reducir costos, sino que también busca contrarrestar la percepción de que los delincuentes están siendo “mantenidos” por la sociedad sin realizar aportes.
FUENTE EL ECONOMISTA
