Desde que Donald Trump anunció su apoyo por las criptomonedas, los fans del bitcoin están frotándose las manos. Y sus aliados más ‘criptobros’, que están rodeando al presidente en los últimos meses en posiciones relevantes, quieren aprovechar el interés del reelegido presidente para impulsar una idea que podría reforzar la credibilidad de la criptomoneda y su precio: crear una ‘reserva estratégica de bitcoins’ financiada por el oro de la Reserva Federal, que prácticamente supondría dar el salto oficial del oro al bitcoin como gran activo de reserva.
El proyecto anunciado por la senadora Cynthia Lummis, llamado “ley Bitcoin”, usaría precisamente a la Fed para financiar las compras de bitcoins. Y en concreto, a uno de los secretos mejor guardados del banco central: su reserva ‘invisible’ de oro, oculta en el fondo de sus balances desde 1973.
El ‘tesoro’ de la Fed: 677.000 millones que oficialmente ‘no existen’
El oro está rondando sus máximos históricos este año, y este martes cotiza en los 2.631 dólares por onza. Pero hay una entidad para la que el oro vale apenas 42,22 dólares por onza: la Fed. Las cuentas que publica semanalmente el banco central de EEUU informan de que tiene 11.041 millones de dólares en “reservas de oro”, una cifra que apenas se ha movido en décadas. Pero basta con rascar un poco para encontrar una realidad muy distinta escondida detrás: los 261,5 millones de onzas que oculta esa cifra valdrían 688.035 millones de dólares en el mercado a precios de hoy.
¿Por qué esa desconexión entre el valor del oro que reconoce la Fed y su precio real? La culpa la tienen dos presidentes que han pasado a la historia en mayúsculas, por motivos muy diferentes: Franklin Roosevelt y Richard Nixon. El primero impulsó en 1934, en plena salida de la Gran Depresión, una ley que prohibía a los bancos y ciudadanos comprar o vender oro, y obligaba a todas las instituciones a entregar sus reservas al Tesoro. El objetivo era debilitar el ‘patrón oro’ y permitir al Gobierno devaluar el dólar sin correr el riesgo de que la gente fuera a cambiar sus billetes de dólar por oro. Así, el Gobierno y la Fed pudieron aumentar la cantidad de dinero en circulación, escapando de la deflación provocada por el patrón oro, que había empeorado la depresión.
A cambio, la Fed recibió ‘certificados de oro’, documentos que reconocían la posesión del oro que ahora estaba depositado en las arcas del Tesoro. Esos certificados son los únicos que ha tenido desde entonces, salvo por unas pequeñas cantidades de oro que se guarda en la Fed de Nueva York.
El segundo capítulo llegó en 1973, cuando el Gobierno de Richard Nixon decide poner fin al según gran sistema de patrón oro a nivel mundial que existía desde la II Guerra Mundial, el llamado sistema de Bretton Woods. El 12 de febrero de 1973, el secretario del Tesoro de Nixon, George P. Shultz, anunció una devaluación del dólar: de 38 dólares a 42,22 dólares por onza. La clave histórica está en que, de paso, anunció el fin de las restricciones impuestas por Roosevelt: los ciudadanos estadounidenses podrían comprar y vender oro libremente y los bancos y empresas podrían comerciar e invertir internacionalmente sin un permiso gubernamental. A continuación, todos los grandes países del mundo capitalista anunciaron medidas similares en mayor o menor medida. Los controles de capital habían desaparecido, el patrón oro había muerto y la globalización financiera había nacido oficialmente.
Para la Fed, sin embargo, la historia se paralizó el 21 de septiembre de 1973, cuando esa devaluación entró en vigor. En aquel día, las reservas de oro del banco central ascendían a 11.591 millones de dólares a esos 42,22 dólares por onza. Desde entonces han pasado 49 años y esas reservas ascienden a 11.041 millones de dólares… valorados a esos mismos 42,22 dólares. ¿Por qué? Porque en esos 49 años, el Congreso nunca ha derogado ni modificado esa ley de 1973. Y, como consecuencia, la Fed sigue estando obligada a valorar sus reservas de oro a ese precio.
Esta ley derogaría, por fin, ese precio de 1973 y permitiría a la Fed valorar su oro a precio de mercado. Y sus reservas pasarían, de golpe, de 11.041 millones a 688.035 millones de dólares, al precio de hoy. Y Lummis cree que la Fed podría quedarse con esos 11.041 millones que lleva anotando en su balance desde hace casi cinco décadas, casi por tradición, y entregar la diferencia -677.000 millones- al Tesoro para comprar bitcoins.
Si faltara dinero, también usaría los beneficios de la Fed: los primeros 6.000 millones de dólares de beneficios anuales irían íntegros a comprar bitcoins. Y, si no fuera suficiente todavía, reduciría las reservas de la Fed. Hasta ahora, los bancos que componen el sistema pueden tener reservas de hasta 6.800 millones, el resto lo tienen que pagar al Tesoro. Esta ley reduciría ese límite a 2.400 millones y obligaría a entregar la diferencia al Tesoro para, de nuevo, comprar bitcoins.
Más bitcoins que Nakamoto
El plan del proyecto de ley es que esta reserva se mantenga durante 20 años, y se sume a los 208.000 bitcoins que guarda actualmente el Tesoro, provenientes de diversas incautaciones a grupos criminales y terroristas. Si la ley saliera adelante, ese millón situaría a EEUU como el mayor tenedor de bitcoins del mundo, por delante de Satoshi Nakamoto, su creador, que posee 968.000.
Por comprar, todos los fondos y ETFs de bitcoin sumados dan un total de 1,09 millones de bitcoins: el iShares Trust posee 492.000, el de Grayscale tiene 218.000 y el de Fidelity acapara 195.000.
Mirando a las compañías, Microstrategy acumula 386.700 bitcoins, Block.one tiene 164.000, Tether tiene 82.454 y Marathon Digital, 33.875. Otras firmas cotizadas como Tesla o Coinbase apenas acumulan unos 9.500. Y en países, siguen a EEUU China, con 190.000, Reino Unido (61.245) y Ucrania (46.351).
No sería El Salvador
Una de las posibles comparaciones sería con El Salvador, un país que ha declarado el bitcoin como moneda de curso legal y acumula bitcoins en su Tesoro, aunque muchísimos menos: solo 5.946. Pero esta ley no convertiría al bitcoin como moneda oficial, un privilegio que mantiene el dólar, ni intentaría convencer a los ciudadanos para que la usaran en su día a día, como hizo El Salvador.
Es más, uno de sus objetivos sería el contrario. El Salvador quería emitir deuda en bitcoins. Esta ley, sin embargo, quiere hacer todo lo contrario: vender eventualmente esas reservas para pagar la deuda pública de EEUU. Según recuerda Lummis, si el precio del bitcoin se multiplica por 100 en esos 20 años, su valor ascendería a 10 billones de dólares. Menos de un tercio de los 36 billones de deuda estadounidense a día de hoy, y que probablemente crecería notablemente en 20 años, pero una cantidad nada despreciable al fin y al cabo.
Desde luego, una fuerte subida del precio del bitcoin sería lo esperable ante semejantes compras. En total, solo se pueden emitir 21 millones de bitcoins. Sumando los bitcoins que guarda Nakamoto (y que nunca los ha tocado) y los que se han perdido, los expertos calculan que unos 4,6 millones están ‘fuera de circulación’, a los que hay que sumar 1,25 millones que aún están sin emitir. Y de los 15,3 millones restantes, otro millón ya está en manos de ETFs. Así, EEUU estaría comprando más del 7% de todos los bitcoins que están realmente en circulación. Y, teniendo en cuenta que el mercado no es muy líquido, el efecto sobre el precio puede ser enorme.
Un efecto similar pero en sentido opuesto ocurriría con el oro. Si cada día el mercado de futuros de oro negocia unos 18 millones de onzas (según la media de los últimos 65 días), la salida de 261,5 millones de onzas, aunque fuera escalonada a lo largo de muchas semanas, supondría inundar al mercado de oro y, en consecuencia, daría un golpe a la baja a su valor.
¿Sería factible aprobar esta ley?
La pregunta del millón es si esta ley podría aprobarse, o si acabará durmiendo el sueño de los justos en un cajón, como tantos otros proyectos. Y la mayor esperanza es que Trump se ha rodeado de un grupo de fans del bitcoin, que hasta le han animado a lanzar su propia criptomoneda, la World Liberty Financial. A la cabeza de ellos está Elon Musk, y en el Senado ya suman al menos tres republicanos: Lummis, Bernie Moreno y Tim Sheehy, estos dos últimos electos este mes. “La caballería está llegando a Washington”, celebró Lummis. y la marcha de Gary Gensler, un enemigo declarado de las criptomonedas que ha anunciado su dimisión como Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, abre la puerta a una revolución hasta ahora imprevista.
Aun así, hay claras dudas de que el Congreso entienda exactamente las ramificaciones de este salto al vacío. “Sigue poniendo en juego el dinero del gobierno y el bitcoin no ha demostrado ser un activo particularmente estable”, dice Jennifer Schulp, directora de estudios de regulación financiera en el Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Cato Institute. “El proyecto de ley pide a los senadores y miembros del Congreso, que tal vez no entiendan muy bien las criptomonedas, que den un salto de fe mucho mayor en términos de su viabilidad a largo plazo”.
Pero Lummis cree que es el momento de dar “un respaldo” al bitcoin como la criptomoneda “más viable”. “Es el patrón oro de los activos digitales, y esta sería la forma de incrustarlo” en el sistema financiero mundial, asegura.
Pero su problema sigue siendo legislativo. Por un lado, tendría que sortear el derecho de veto de la minoría demócrata en el Senado: tendrían que convencer a 7 senadores demócratas, y, por el momento, solo una, la demócrata Kirsten Gillibrand, está trabajando con Lummis en leyes sobre el bitcoin. A eso hay que sumar la exigua mayoría republicana en la Cámara de Representantes, de entre dos y cuatro diputados (todavía está ‘bailando’ un escaño en California), que hace muy difícil aprobar leyes de ningún tipo. Y Trump no es conocido por su delicadeza ni habilidad a la hora de negociar leyes con la oposición, precisamente.
Una posibilidad sería utilizar el mecanismo conocido como ‘reconciliación’, que permite aprobar leyes de gasto e ingresos con una mayoría simple. Aquí la clave ya no sería convencer a los senadores demócratas, sino asegurarse de que todos y cada uno de los diputados republicanos votaran a favor, algo mucho más complicado de lo que parece. Pero todo acabaría en manos del asesor parlamentario del Congreso de EEUU, que decidiría si esa ley cumple o no con los requisitos para ser aprobada por mayoría simple.
Fuente: Revista El Economista
