Gabriela Sulca, subcontralora de auditoría, en representación de la Contraloría General del Estado, anunció que, en el presente ejercicio fiscal, se han planificado 12 exámenes especiales y una auditoría específica en relación con las asignaciones presupuestarias a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua. Esto, en el marco del proyecto de reforma a la Ley 047, que busca incluir a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías provenientes de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón.
Asimismo, la subcontralora recordó que, con anterioridad, se han ejecutado varios exámenes relacionados con la aplicación de esta normativa: en la provincia del Azuay, 27 exámenes a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales y 7 a los parroquiales; en Cañar, 14 a los municipios y 7 a las parroquias; en Morona Santiago, 16 a los municipios y 19 a las parroquias; y, finalmente, en Tungurahua, 2 exámenes al GAD provincial y 19 a los GAD municipales.
La Comisión de Régimen Económico continuará el análisis del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas en Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley N.º 047), el cual busca incorporar a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Este análisis se realizará previo a la elaboración del informe para primer debate.
Contratación preferente
En otro ámbito, la mesa legislativa conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que calificó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con enfoque preferente para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Al respecto, el proponente del proyecto, Comps Córdova, señaló que la iniciativa se sustenta en el artículo 250 de la Constitución, que reconoce dicha circunscripción especial, así como en la necesidad de viabilizar la aplicación del artículo 41.3 de la denominada “Ley Amazónica”, en lo relativo a la contratación pública preferente.
La propuesta legal tiene como objetivo que, en todos los procesos de contratación pública, se otorgue preferencia a las organizaciones de la economía popular y solidaria, artesanos, pequeños productores, microempresas y emprendimientos de origen local o de residentes permanentes en la región.
Por decisión de los comisionados, este proyecto será unificado con otras iniciativas legislativas que aborden la misma materia y que se encuentran en trámite en la mesa.
Fuente: asamblea Nacional
