La asambleísta nacional Pierina Correa presentó el proyecto de Ley Orgánica de Protección a Trabajadores de Plataformas Digitales de Servicios, una propuesta que tiene como objetivo regular la relación laboral entre las plataformas digitales y sus trabajadores, garantizando sus derechos y estableciendo condiciones laborales más equitativas.

Destacó que, a raíz de la pandemia de COVID-19, las plataformas de deliverys adquirieron un papel fundamental en la economía del país. Sin embargo, también pusieron en evidencia la precariedad laboral de los trabajadores, en su mayoría motorizados, quienes carecen de un contrato formal y son clasificados como autónomos, lo que les impide acceder a derechos laborales esenciales como seguros y condiciones salariales justas.

La legisladora señaló que, actualmente, en Ecuador operan entre 40 000 y 50 000 empresas de deliverys, cuyos trabajadores carecen de garantías básicas de seguridad, estabilidad y una remuneración adecuada. A pesar de ser considerados autónomos, estos trabajadores están sujetos a una relación de dependencia con las plataformas, pues deben costear sus propios medios de transporte y cumplir jornadas laborales extensas, sin un contrato claro que regule sus derechos y obligaciones.

Entre los principales puntos de la normativa, se destaca la obligación de las plataformas de afiliar a los trabajadores al seguro social, proporcionar equipos de protección, instalar oficinas físicas en el país y garantizar el acceso a internet gratuito mientras trabajan.

Además, las plataformas deberán ofrecer seguros de vida para los trabajadores en caso de accidentes y asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y laborales del Ecuador, incluyendo el establecimiento de un domicilio físico y tributario en el país.

Con esta propuesta, se busca reducir la informalidad laboral y contribuir al desarrollo económico del país, al mismo tiempo que se protegen los derechos de los trabajadores y se fomenta el cumplimiento de las leyes por parte de las empresas que operan de manera legal.

Fuente: Asamblea Nacional

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