“No utilizaremos nuestras habilidades como tecnólogos para comprometer los sistemas centrales del gobierno, poner en peligro los datos confidenciales de los estadounidenses o desmantelar servicios públicos críticos”.
El DOGE fue respaldado por Trump a través de una orden ejecutiva el pasado 20 de enero tras su regreso a la Casa Blanca. Trump lo creó en su primer mandato reformando una unidad que ya existía, el Servicio Digital de Estados Unidos, que fue impulsado por el expresidente Barack Obama en el año 2014 para impulsar la administración hacia la tecnología.
El DOGE funciona como un órgano asesor. Tiene cuatro empleados dedicados a cada agencia de la nueva administración de Trump y, según la orden ejecutiva por la que se creó, su objetivo principal es “modernizar la tecnología federal y el software para mejorar la eficiencia y la productividad del gobierno”, además de “desmantelar la burocracia gubernamental, eliminar regulaciones excesivas, recortar gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales”, en palabras del propio Donald Trump, que también ha mencionado que “el DOGE deberá haber finalizado sus funciones el 4 de julio de 2026″.
Ahora, el Director de Servicios de Transformación Tecnológica de GSA, Thomas Shedd, ha notificado a los empleados del equipo, conocido como 18F, que su trabajo ha finalizado. Son aproximadamente 90 empleados del 18F los afectados, y a todos ellos les fueron bloqueados inmediatamente sus dispositivos.
Musk dirige el equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump y ya había calificado de “oficina informática de extrema izquierda en todo el gobierno” el departamento que ahora ha sido “eliminado”.
Elon Musk ha compartido una publicación de Wall Street Mav en X sobre DOGE, que recibe en la red social un amplio respaldo por parte de la mayoría de los que comentan el tuit:
“¡Aproximadamente el 73% de los estadounidenses aprueban a Doge! La Ley Doge aún no es un proyecto de ley, pero pronto lo será. El objetivo de la Ley Doge será poner la fuerza de la ley detrás de las reformas de Trump, para asegurarse de que el estado profundo nunca pueda deshacerlas. Esto también tendrá el efecto de bloquear a los jueces federales para que no lleven a cabo acciones legales”.
Fuente: Revista El Economista
