La Comisión Ocasional que trata el proyecto de reforma constitucional, referente a la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, recibió criterios de delegados de instituciones del Estado y expertos en seguridad, con la finalidad de aportar al informe para primer debate.
José Gabriel Terán Naranjo, representante de la Corte Nacional de Justicia, destacó el rol fundamental, en un contexto de respeto constitucional, de la cooperación internacional en materia de seguridad. Señaló que, “según el artículo 416.1 de la Constitución, las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán exclusivamente a los intereses del pueblo ecuatoriano”, sin que primen otros intereses.
En este marco, destacó que Tratados y Convenciones, de las que Ecuador es signatario, como la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia, del año 2000, permiten entender a la cooperación como una herramienta que cristaliza los esfuerzos en materia de seguridad y tiende puentes para la lucha contra el crimen organizado transnacional.
De su lado, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, destacó que, en el caso de establecerse bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, el rol de la justicia frente a casos de posibles vulneraciones a derechos humanos (DDHH), será un rol técnico sobre la base de la Constitución y la soberanía nacional.
Detalló que, de aprobarse la reforma, “sería necesario establecer, en el acuerdo de instalación de la base militar extranjera, la jurisdicción y competencia con la que se actuará, pero siempre sobre la base de la normativa ecuatoriana. La Constitución, en sus artículos 424, 425 y 426 la establecen como la norma suprema y de respeto absoluto”, agregó.
Mientras que, José Luis Castillo, experto en seguridad y desarrollo, alertó sobre la “imposibilidad humana” que enfrenta actualmente la fuerza pública nacional en el combate contra el crimen organizado transfronterizo.
“El Ecuador se encuentra en una situación geoestratégica favorable para este tipo de crimen, por su amplio territorio marítimo, que supera 5 a 1 al territorio continental, además de sus 531 kilómetros de frontera”.
Las fuerzas policiales y militares se ven imposibilitadas de controlar tan amplio territorio, sobre todo marítimo, por el que sale aproximadamente el 80 % de la droga al continente europeo, dijo. Y agregó que, en el 2023, Ecuador fue el mayor exportador de coca a Europa con más de 400 toneladas”.
Para concluir, Francisco Trejo, también experto en seguridad, mencionó que, de aprobarse, las bases deben ser establecidas con un carácter de interagenciales, priorizando el componente de inteligencia, para enfrentar de manera integral la problemática de la expansión del crimen organizado en el Ecuador.
Para el experto, esto significaría que los militares extranjeros no operarían directamente en territorio nacional, sino que brindarían soporte, asesoramiento, e información de inteligencia para que las fuerzas públicas ecuatorianas sean las encargadas de realizar las intervenciones.
Una vez concluida la sesión, Gissela Garzón, presidenta de la comisión ocasional, solicitó a los comparecientes enviar sus criterios por escrito a fin de sistematizarlos en el informe para primer debate del proyecto de reforma que el Pleno conocerá próximamente.
Fuente: Asamblea Nacional
