Con 77 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó la decisión de la Presidencia de la República, respecto a la promulgación del Decreto Ley para la mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, al incumplir lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República.
Por ello, dispuso la inmediata presentación de la acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ley, y a su vez solicitar la suspensión de los efectos, a fin de que los ecuatorianos no paguen más impuestos que afectan directamente a una economía que ya se encuentra debilitada por las múltiples crisis que vive el Ecuador, con grandes pérdidas económicas.
También exhorta a la Corte Constitucional del Ecuador para que, dé tratamiento prioritario e inmediato a la demanda de inconstitucionalidad, y con ello exista un pronunciamiento formal respecto al Decreto Ley promulgado por el Ejecutivo. Además, recuerda a los funcionarios públicos que quien ejecute y pretenda hacer cumplir una norma no vigente será civil, administrativa y penalmente responsable por sus actuaciones.
El legislativo Cristhian Vega, proponente de la resolución, reiteró que es necesario que la Asamblea pida a la Corte Constitucional se pronuncie frente a un proyecto que fue negado y archivado y que, posteriormente, fue publicado en el Registro Oficial por orden del Ejecutivo.
Durante el debate, en el cual participaron seis asambleístas, hubo argumentos en el sentido que el proyecto enviado por el Ejecutivo por carácter de urgente en materia económica es una norma que aplica más impuestos a las y los ciudadanos que, de ninguna manera contribuye a combatir el lavado de activos.
Viviana Veloz recordó que la actuación del Parlamento al negar el proyecto en primer debate fue absolutamente legal y constitucional y, sobre todo, responde a los intereses de los ecuatorianos que no soportan más impuestos, agudizando aún más la crisis que tiene al pueblo sin educación, sin acceso a la salud, en medio de la oscuridad, sin que se hayan tomado las medidas para garantizar la seguridad ciudadana.
La Asamblea Nacional ratifica su defensa a la ciudadanía que vive actualmente una grave situación económica agudizada por la crisis energética; por lo que, no permitirá que el Gobierno imponga nuevas cargas tributarias.
