La sesión tenía como objetivo conocer y resolver sobre el “proyecto de resolución de fiscalización respecto de un posible uso de software para el presunto espionaje a periodistas, opositores políticos y activistas en Ecuador”.
Es decir, esa mesa legislativa, presidida por la oficialista Inés Alarcón, buscaba aprobar el inicio de un proceso de fiscalización después de denuncias y pedidos de bancadas al interior de la Asamblea sobre Pegasus. Sin embargo, la sesión no se instaló.
Primero, la conexión del secretario fue inestable durante los poco más de nueve minutos que duró la reunión virtual. Se llegó a plantear la moción del asambleísta Rafael Dávila sobre el inicio del proceso de fiscalización, pero, al constatar el quórum, la mayoría no estuvo conectada.
Estuvieron presentes Alarcón, Rafael Dávila, Diego Matovelle y Xavier Jurado. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana Leonardo Berrezueta y Alexandra Arce, no estuvieron. Así también, Sandra Rueda de Construye y la legisladora Alexandra Castillo se ausentaron. Tampoco se conectó el legislador del Partido Social Cristiano, Otto Vera.
Es decir, representantes de las tres fuerzas políticas que esta semana plantearon el tratamiento de Pegasus en el Pleno de la Asamblea, no fueron parte de la convocatoria de la Comisión.
Así, la resolución sobre el inicio del proceso de Fiscalización quedó en espera hasta una nueva convocatoria de la presidenta de la Comisión.
¿Qué hace el software Pegasus?
El pasado 4 de diciembre del 2024, las bancadas de Construye y el Partido Social Cristiano emitieron pronunciamientos sobre el presunto uso de Pegasus en Ecuador. En el oficio de Construye se señala que Pegasus, según la BBC de Londres, es un programa de espionaje sofisticado que se vende exclusivamente a gobiernos para monitorear las actividades de las organizaciones criminales.
Se trata de un spyware que permite el control de un dispositivo móvil y, por lo tanto, el acceso a su información. Fue diseñado por la empresa israelí NSO Group.
Ambas organizaciones políticas solicitaron las comparecencias de funcionarios del Gobierno para conocer sobre la supuesta adquisición y uso. Así, se planteó que asistan al Pleno la canciller Gabriela Sommerfeld y el director encargado del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
Fuente: expreso.ec
