El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó para el martes 9 de mayo, a las 10:45, al pleno para resolver sobre el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, en vista de que la Comisión de Fiscalización no aprobó un informe respecto a la solicitud de interpelación.
La decisión de Saquicela, según consta en la convocatoria, se fundamenta en que, “al no haberse alcanzado los votos necesarios y carecer dicho informe borrador de valor y efectos jurídicos, de conformidad con el inciso 15 del artículo 16 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, se tiene que resolver sobre el juicio político planteado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en aplicación del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
El artículo 142 de la ley ordena que, “si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional”.
En la convocatoria dispuesta por Saquicela se señala que para definir este hecho se requerirá de la mayoría simple, según el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En la sesión de la Comisión de Fiscalización realizada el sábado 6 de mayo, los nueve integrantes de la mesa no pudieron aprobar el informe motivado que recomendaba no enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza.
Los legisladores Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova (UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (ex-Pachakutik) se pronunciaron en contra del informe propuesto y cuya lectura se hizo en la sesión.
A favor del informe se pronunciaron los legisladores Ana Belén Cordero, Pedro Velasco, Marco Troya (BAN) y Fernando Villavicencio (IND).
Ambos sectores coincidieron en que es el pleno del Parlamento el que debe definir el camino a seguir en este pedido de juicio político, que se deriva de una acusación de presunto peculado en la suscripción de un contrato de transporte de petróleo entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tankers Pool.