Este viernes se cumple un mes de la catastrófica DANA de dimensiones inéditas que el pasado 29 de octubre asoló, en la provincia española de Valencia, un territorio en el que vivían 885.000 personas, de las que 222 perdieron la vida arrolladas por la riada.
En este mes se ha pasado del estupor y dolor inicial a medida que se iba conociendo la magnitud de la tragedia a la indignación por la gestión de los primeros momentos de esta crisis, pasando por una batalla política que se ha impregnado también del fango que todavía queda en los más de 70 municipios afectados.
En estas semanas ha comenzado una carrera contrarreloj para buscar desaparecidos, limpiar calles, abrir colegios y centros de salud y reparar infraestructuras básicas, como vías de comunicación o alcantarillado. En el punto de mira las ayudas aprobadas para que los afectados puedan volver a una cierta normalidad, reparar sus viviendas o adquirir un nuevo vehículo.
‘Día D’
Después de alertas reiteradas de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) durante los días previos, el 29 de octubre a las 7.30 de la mañana el aviso pasó de naranja a rojo, el máximo nivel. Empezaron ya las primeras lluvias torrenciales, pero sobre las 10.00 llega una tregua, parecía que amainaba. Pero lo peor estaba aún por llegar.
Las primeras inundaciones llegaron a la zona de Utiel Requena, a donde se movilizó en principio la Unidad Militar de Emergencias (UME). Tras ello, no fue hasta las 15.00 horas cuando el Gobierno valenciano convocó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el órgano para gestionar la emergencia que aglutina a todas las instituciones implicadas.
La reunión se convocó para dos horas después, a las 17.00. Mientras, seguía lloviendo, en algunos puntos lo hizo más de lo que los suele hacer en un año completo. Y comenzaron los impresionantes desbordamientos que hicieron que las aguas anegaran también municipios en los que no había caído una gota.
El encuentro del Cecopi se prolongó hasta bien entrada la madrugada, durante horas, las primeras de ellas con la gran ausencia del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que llegó a las 19.30. Algo más de media hora después, a las 20.11, se envió una alarma masiva a todos los teléfonos móviles ubicados en las zonas afectadas.
La alarma llegó tarde, para entonces ya se habían producido la mayoría de las víctimas, había personas dentro de sus vehículos anegados, personas sobreviviendo agarradas a árboles, otras subidas a techos de viviendas o de camiones. Durante la noche se sucedieron los rescates por policías y bomberos y la llegada del día expuso a la luz la dimensión de la catástrofe.
Convulsión política
Las cinco horas en las que el presidente valenciano estuvo ilocalizado -luego se supo que estaba en una prolongada comida con una periodista en un conocido y céntrico restaurante-, la tardanza en emitir la alerta a los móviles o en solicitar la participación de la UME en el resto del territorio y la gestión de los primeros días de la crisis se pusieron en el centro de la indignación de la ciudadanía.
Diez días después de la tragedia la ciudad de Valencia acogió una masiva manifestación de protesta que reunió al menos a 130.000 personas al grito de ‘Mazón, dimisión’.
A pesar de las peticiones de dimisión, el máximo responsable del Gobierno valenciano resiste, si bien semanas más tarde acometió una remodelación de su Gobierno del que salieron Nuria Montes, la consejera criticada por su falta de tacto con las familias de los fallecidos, y Salomé Prada, quien estuvo al mando de la polémica reunión del Cecopi.
Las buenas palabras entre administraciones de los primeros días dieron paso a una lucha por establecer culpables en el bando contrario. Así, desde las filas del conservador Partido Popular (PP), formación a la que pertenece Mazón, se esforzaron en señalar a Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto demográfico del Gobierno de España.
La estrategia del PP llevó a una crisis en el seno de la Unión Europea por su empeño en tumbar la candidatura de Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencias. Finalmente el nombramiento se materializó la semana pasada.
Brutal impacto económico
Además de los 222 muertos y cuatro desaparecidos que dejaron las inundaciones, los daños materiales han dejado un descomunal impacto económico. La compensación de seguros ha recibido ya 215.938 solicitudes, de las que 69.487 corresponden a viviendas, 128.940 a vehículos automóviles, 12.661 a comercios y almacenes, 995 a oficinas, 3.800 a industriales y 55 a obras civiles, según los últimos datos del Gobierno.
El resto de cifras también es inabarcable. 2.613 empresas han solicitado la apertura de un expediente de regulación temporal de empleo que afecta a 28.369 trabajadores; 20.413 empresas y autónomos han pedido ayudas directas; se han abonado ya 5.995.320 euros de anticipos de ayudas por daños en viviendas y enseres; y las solicitudes para recibir ayudas directas son ya 16.633.
Los planes aprobados por el Gobierno solo son comparables a los de la recuperación tras la pandemia de coronavirus. Se han movilizado casi 17.000 millones de euros en tres paquetes diferentes que prevén paliar la situación de alrededor de 400.000 trabajadores, 30.000 empresas y 100.000 hogares, repartidos en 75 municipios.
La Cámara de Comercio de la Comunidad Valenciana estima que el impacto de esta tragedia supera los 21.000 millones de euros, lo que supone una tercera parte del PIB de la provincia de Valencia, según recogen medios económicos.
Ola de solidaridad
Desde los primeros días la ciudadanía se volcó con los municipios afectados y, sobre todo en las primeras semanas, se pudo ver un río de voluntarios que se dirigía a pie hacia todos esos pueblos para colaborar en lo que se necesitase, pertrechados con botas de agua, escobas, fregonas y cubos.
En todo el país se han movilizado desde asociaciones de vecinos hasta clubes de fútbol o empresas de desatranques para echar una mano recolectando productos básicos, sirviendo de almacén o poniendo a disposición sus servicios.
Los voluntarios fueron los primeros en llegar a algunos pueblos tras la catástrofe y todavía continúan limpiando casas particulares o repartiendo comida en pueblos en los que aún no se encuentra abierto ningún comercio. Todavía hay mucho por delante para poder volver a la normalidad.
¿Y ahora qué?
La reconstrucción continúa y poco a poco se han ido abriendo carreteras a la circulación, limpiando alcantarillas, retirando vehículos o construyendo nuevos puentes. El último hito será la reapertura de varias líneas de metro de la ciudad de Valencia que se producirá el próximo 3 de diciembre.
Mientras los esfuerzos de administraciones, vecinos y voluntarios continúan, también empiezan otros debates.
El primero de ellos el que tiene que ver con la prevención de los efectos de unos acontecimientos climáticos que cada vez van a ser más frecuentes y virulentos, según vaticinan los expertos, apuntando al cambio climático.
Así, por un lado se mira hacia el ordenamiento hídrico. En este caso, el mayor problema es el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento fue el responsable de la mayor parte de la catástrofe y acumula un centenar de riadas en dos siglos y medio.
Por otro lado, la ordenación del territorio también está en el foco, con pueblos enteros levantados en territorios inundables durante la transición de un área rural que circundaban la ciudad de Valencia a un cinturón industrial con una gran concentración poblacional.
Y tras la prevención, las consecuencias. Así, si en un primer momento se hablaba de que lo primero era la unidad de las administraciones y la atención a víctimas, familiares y afectados, con el paso de las semanas se comienza a buscar culpables y se especula con que esas responsabilidades acaben dirimiéndose en los juzgados.
Fuente: actualidad.rt.com
