El dato exacto del número total de presos que hay en el país aún tiene fecha incierta para que sea desvelado. En agosto pasado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores celebró con bombos y platillos el inicio de las entrevistas. Se informó que el proceso terminaría el pasado 11 de noviembre.
El complejo carcelario de Guayaquil, que integra cinco prisiones, era el último punto de trabajo de la iniciativa, pero solo se ingresó a la cárcel de mujeres, La Roca y el Centro de Detención Provisional. Están pendientes la Penitenciaría del Litoral y la Regional. Es así como se ha censado a 35 de los 37 reclusorios del país.
“Empezamos por lo menos complejo y al finalizar pusimos Guayaquil, por el volumen. Ahora estamos en ‘stand by’ hasta que las condiciones de seguridad lo permitan”, indicó Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), una de las entidades que colaboran con el registro de los privados de libertad en Ecuador para “establecer la política pública”.
La metodología de las entrevistas consistía en sacarlos de sus pabellones a un área segura, en la que tenían que ser consultados en tres módulos: uno del INEC; otro del Registro Civil, donde se le tramitaban sus documentos ciudadanos, en caso de no tenerlos; y al final una mesa del Ministerio de Salud para conocer su historial médico.
Castillo señaló que el censo penitenciario es parte del censo nacional y que será concluido luego de que el SNAI autorice el ingreso para reanudar las actividades en Guayaquil. Por lo pronto, no hay una fecha exacta o aproximada para continuar con la recopilación de los datos.
Desde el SNAI se indicó que la restricción tiene que ver con la intervención que se ejecuta en la Penitenciaría del Litoral, que ha conllevado la readecuación y demolición de edificios, algunos de ellos considerados como estratégicos para organizar ataques a los grupos de uniformados que ingresaban en operativos cuando había motines.
Hasta la fecha se han recabado los datos de 20.466 reos, en 21 provincias. Este número representa el 63 % de la población carcelaria, de la cual 18.540 son hombres y 1.926 son mujeres. En Orellana, Zamora Chinchipe y Santa Elena no hay cárceles.
El censo estuvo planificado en un inicio para el mes de enero de este año, luego se estableció que se podía realizar en junio, hasta que finalmente comenzó el 22 de agosto. La principal causa del retraso era que no se podía garantizar la seguridad de los técnicos para el desarrollo de las entrevistas correspondientes. De enero a agosto de este año se habían perpetrado seis masacres: 110 muertes en cuatro cárceles.
Fuente: expreso.ec