Unidad judicial deja sin efecto el incremento del precio de la tonelada de caña de azúcar que volvería a $ 31,70, el valor que estuvo congelado por siete años

Ni dos meses se mantuvo en vigencia el nuevo precio mínimo de sustentación de la tonelada de caña de azúcar, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fijó en $ 35,05, a través del Acuerdo Ministerial 047 del 26 de junio pasado, y que volverá al valor anterior con el que estuvo congelado siete años, es decir, a $ 31,70.

Así lo determinó la justicia tras aceptar el pedido de medidas cautelares presentado a través de una acción de protección por los cinco ingenios azucareros: Valdez, San Carlos, Monterrey Azucarera Lojana, Agroazucar y Del Norte; representados por la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (Fenazucar). El fallo judicial fue confirmado la mañana de este viernes por el MAG, sin dar más detalles de la resolución.

El recurso judicial, que fue presentado en contra del MAG en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas, se resolvió la tarde del jueves pasado durante una audiencia a la que acudieron los representantes de los ingenios y del Ministerio.

En un comunicado, publicado antes de conocerse la resolución judicial, Fenazucar reiteró su inconformidad con el Acuerdo Ministerial 047.

“Los cinco ingenios azucareros del Ecuador, en defensa de sus legítimos derechos, y con el fin de salvaguardar los miles de puestos de trabajo que dependen de esta actividad, presentaron una acción de protección como medida legal, para dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial 047-2022″, sostuvo el gremio, que aseguró que el precio se impuso de manera unilateral por parte del MAG.

Añadieron que ese precio carece de sustento técnico y representa un incremento de casi el 11 %, que significaría aproximadamente $ 12 millones adicionales de egresos anuales para el sector agroindustrial, provocando la pérdida de competitividad frente a otros países de la región, además de un grave impacto financiero a los ingenios azucareros, especialmente a los de menor tamaño, y pone en riesgo no solo a las operaciones, sino a la sostenibilidad misma de la agroindustria y a los más de 38.000 empleos directos y 150.000 indirectos generados por la industria azucarera.

El gremio, presidido por Laura Zurita, recordó que desde 2016, dos ingenios azucareros, Isabel María y Miguel Ángel, cerraron sus operaciones ante la crisis y complejidad del negocio.

“No es deseable que este panorama se repita. Los ingenios azucareros constituyen el motor económico y social de las comunidades donde están ubicados, principalmente en los casos de las pequeñas poblaciones que dependen casi exclusivamente de esta actividad”, puntualizó Fenazucar

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