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Unidad especial de Procuraduría General está a cargo de ejecutar reparación integral en caso Sobornos

Quito.- Una unidad de recuperación de activos de la Procuraduría General del Estado se encargará de la reparación integral en favor del Estado ecuatoriano en el caso Sobornos 2012-2016.

Íñigo Salvador, procurador general del Estado, mencionó que esta fue creada en junio pasado y está conformada por un grupo de abogados que le reportan directamente a él. Agregó que están encargados de diez o doce casos de más alta relevancia política, económica y social. El caso Sobornos estará en primer lugar.

Son $14 745 297,16 que deberán pagar como indemnización los sentenciados en el caso como parte de la reparación integral al Estado. Los sentenciados en calidad de autores y coautores deberán cancelar $778 224,01 cada uno y $368 632,43 los cómplices.

Salvador explicó que tan pronto esté la sentencia ejecutoriada por el tribunal de primera instancia se iniciará el proceso de ejecución. El primer aspecto, sostuvo, es tratar de determinar cuáles son los bienes que tienen cada uno de los procesados.

Para el funcionario, hay que «desentrañar» el rastro de los bienes que en el momento del cometimiento de la infracción estaban bajo el dominio de cada uno de los involucrados.

A fin de garantizar el cumplimiento de la medida de restitución se dispuso el comiso de los bienes inmuebles de los 20 sentenciados.

«Lo que es claro es que si estas personas fueron capaces de diseñar una red de corrupción tan sofisticada, es muy probable que entre los objetivos de esa red también haya estado ocultar los bienes producto de estos actos de corrupción y los bienes respecto de los cuales el Estado podría resarcirse. Entonces, lo que hay que hacer es seguir la historia de dominio de cada uno de sus bienes, revertir esa historia de dominio a través de resoluciones judiciales, que podrán ser nacionales cuando esos bienes se encuentren en el país o podrán ser resoluciones de tribunales extranjeros cuando esos bienes se encuentren fuera del país», dijo en una entrevista en estos días.

Según Salvador, en estos procesos de ocultar el dominio de los bienes hay testaferros, así como personas de buena fe que han adquirido un bien sin saber que era producto de un hecho delictual. Agregó que es probable que el momento que se les quiera despojar de esos bienes recurran a la justicia. En esos casos se requerirán resoluciones judiciales.

Juristas señalaron que la Procuraduría puede embargar bienes de los implicados incluso si están a nombre de terceros y que la investigación a los «testaferros» debe ser desde 2012.

Salvador agregó que cuando se trate de cuentas bancarias o activos financieros no hará falta un proceso judicial. Expresó que es suficiente con que exista un convenio entre países para que esa nación entregue los bienes al Estado ecuatoriano.

«La sentencia está claramente determinada, inclusive la reparación que se tiene que hacer y al estar determinada la reparación ya corresponde simplemente operar para que quienes deben hacer esta reparación, en este caso al Estado ecuatoriano, lo hagan de manera directa o a su vez el Estado pueda comisar los bienes por el valor que está establecido», expresó el asambleísta independiente Raúl Tello.

En tanto, hasta ayer las defensas de los sentenciados en el caso Sobornos podrían presentar recursos de ampliación y aclaración al fallo emitido por el Tribunal de Casación.

El expresidente Rafael Correa, a través de su abogado Alfonso Zambrano, presentó un pedido de aclaración con 16 interrogantes.

Cristian Romero, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, indicó que los recursos de ampliación y de aclaración ya fueron interpuestos el pasado miércoles. «Los jueces tienen que poner en conocimiento de la Fiscalía por 48 horas. Debe pronunciarse Fiscalía respecto de los pedidos de ampliación y aclaración como sujeto procesal indispensable y necesario dentro de este proceso. Una vez que se pronuncie en torno a los pedidos (…) pasarán a resolverlos», expresó Romero.

Marcelo Dueñas, defensor de la legisladora Viviana Bonilla y del exasambleísta Cristian Viteri, preparaba los escritos de aclaración y ampliación de la sentencia.

Luis Muñoz, abogado de Laura Terán, indicó que no iban a presentar recursos.

Diego Chimbo, defensa técnica del empresario Bolívar Sánchez, anunció que planteará el recurso de aclaración. «Presentaremos una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar la forma en la cual el Estado ha ignorado sus obligaciones internacionales de garantizar el debido proceso, al igual que exigir que se impida la violación grave del derecho a la libertad de una persona injustamente acusada», dijo el jurista.

Otros irán a la Corte Constitucional (CC). Pablo Encalada, abogado del empresario Rafael Córdova, mencionó que como les inadmitieron a trámite el recurso de casación van a presentar una acción extraordinaria de protección para volver a la instancia de casación.

Para ese paso, dijo, existen 20 días laborables. De igual forma, Alembert Vera, defensa del exministro Walter Solís, expresó que caben los recursos horizontales como el extraordinario de protección.

La Procuraduría anunció que no iba a presentar ningún recurso.

Definiciones pendientes

Uno de los aspectos que se tendrían que dilucidar dentro de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) es cuál es el monto a pagar del empresario Alberto Hidalgo.

El Tribunal de Apelación, en julio pasado, lo calificó como cómplice. El monto a pagar era de unos $368 000.

Sin embargo, el Tribunal de Casación lo ubicó como autor. Los autores deben resarcir al Estado más de $778 000.

Como autores mediatos, directos y coautores fueron sentenciados Rafael Correa, Jorge Glas, Teodoro Calle, Mateo Choi, Manuel Fontana, Ramiro Galarza, William Philips, Édgar Salas, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, Rafael Córdova, Alberto Hidalgo, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Cristian Viteri, Viviana Bonilla, María Duarte, Walter Solís y Pamela Martínez. Como cómplice, Laura Terán. (I)

Fuente: eluniverso.com

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