El conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo Mauricio Espinosa Brito es el miembro que le faltaba al Tribunal de Juzgamiento del caso Las Torres, que para el próximo lunes ha convocado a las partes procesales para que se instale la etapa de juicio contra once de los trece acusados del delito de delincuencia organizada.
El juez Walter Macías y el conjuez Adrián Rojas, ambos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), completan la Sala que espera a las 15:00, en un cuarto intento, instalar la diligencia.
Espinosa Brito, quien está en funciones como conjuez temporal desde noviembre de 2021 en la CNJ, según la rendición de cuentas 2021 de la institución, fue designado, mediante sorteo realizado el pasado 9 de marzo, en remplazo de la jueza penal Daniella Camacho, magistrada que fue recusada por la fiscal general, Diana Salazar, por la “amistad íntima” que mantenía con el procesado en esta causa y excontralor Pablo Celi.
Anterior a esto, el miércoles último, Macías y Rojas aceptaron la excusa de la conjueza Liz Barrera, quien fue designada el 3 de marzo pasado como remplazo de Camacho. Un día después, Barrera declaró encontrarse incursa en la causal de excusa prevista en el numeral 4 del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La norma invocada habla de que entre las causas de excusa y recusación de los juzgadores está el “tener interés personal en la causa por tratarse de sus negocios, de los de su cónyuge, pareja en unión de hecho o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
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En este caso, la acusación de Fiscalía señala que ejerciendo el liderazgo de este “grupo delictivo” estaban el excontralor Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores; mientras que como colaboradores habrían intervenido Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.
Según la Fiscalía, entre los años 2017 y 2020 se formó un grupo estructurado mediante un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Presidencia de la República para obtener beneficios económicos a través del desvanecimiento de glosas.
Los beneficios económicos que esperaba esta estructura debían venir de la empresa Nolimit C. A., la cual tenía una relación contractual con Petroecuador y a la que el Estado le adeudaba $ 20,3 millones. Al tener conocimiento de la cantidad adeudada, se explicó desde Fiscalía, la “estructura delictiva” pretendía hacerse del 20 % de dicho monto por cancelar.
Salazar acusó a los dos líderes por el delito de delincuencia organizada, previsto en el artículo 369, inciso primero, del COIP, que deja una pena de siete a diez años de cárcel; y a los nueve colaboradores los acusó con base en el mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión.
En enero pasado, el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova llamó a juicio a trece personas, pero al estar Roy Calero y Pedro Saona prófugos de la justicia, el magistrado suspendió la etapa de juzgamiento para estos. Por ello, para la audiencia del lunes únicamente llegan los dos hermanos Celi, Agusto Briones, Flores, Cárdenas, Orellana, López, Rodríguez, De Guzmán y Luque.
Fuente: El Universo
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