Entre los afectados está el sindicato de la Patrula Fronteriza, dependiente del Departamento de Seguridad Interior, que en las pasadas elecciones pidió el voto para Trump.
También se prohíbe la negociación colectiva con sindicatos en el Departamento de Asuntos de los Veteranos porque “sirve de red de seguridad para la prestación de servicios sanitarios a los militares heridos en tiempos de guerra” o en la Fundación Científica Nacional porque “apoya hitos militares y de seguridad informática“, según un resumen difundido por la Casa Blanca.
“Venganza” contra los sindicatos
La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la mayor central sindical de Estados Unidos con más de 12 millones de afiliados, ha criticado ya esta orden ejecutiva “contra los sindicatos”. “Despoja de su derecho a sindicarse y a la negociación colectiva a los trabajadores de más de 30 organismos federales”, ha denunciado la presidenta de (AFL-CIO), Liz Shuler.
Shuler ha advertido de que “los trabajadores que garantizan que nuestra comida sea segura, que atienden a nuestros veteranos o que nos protegen de las emergencias de salud pública no tendrán desde ahora la opción de tener una voz en el trabajo ni la capacidad de organizarse con sus compañeros para mejorar las condiciones laborales”.
“Es evidente que esta orden es un castigo para los sindicatos que lideran la lucha contra las acciones ilegales de la Administración en los tribunales, así como un flagrante intento de silenciarnos”, ha añadido.
Además, ha advertido de que “el movimiento obrero no va a dejar que Trump y un milmillonario no electo destruyan todo lo que hemos construido luchando durante generaciones.
También la Federación Estadounidense de Trabajadores Públicos (AFGE) ha cargado contra la orden ejecutiva de Trump por ser un “ataque en venganza contra los derechos de cientos de miles de trabajadores públicos patriotas, un tercio de ellos veteranos, simplemente porque pertenecen a un sindicato que se enfrenta a sus dañinas políticas”, en palabras del presidente nacional del sindicato, Everett Kelley.
Para Kelley es “una amenaza a la democracia y a la libertad de expresión y asociación”. “No va a intimidar ni silenciar a los estadounidenses (…). Se merecen algo mucho mejor que este flagrante intento de castigo polícito”, ha advertido antes de anunciar “acciones legales inmediatas”.
Fuente: Revista El Economista
