Desde 2024, Morales se aisló en el Trópico de Cochabamba, donde está protegido por miles de seguidores, ante una detención.
De acuerdo con el dictamen, la defensa de Morales no presentó pruebas suficientes que demostraran su imposibilidad de comparecer en la audiencia cautelar, prevista para el 17 de enero, lo que condujo al juez Nelson Rocabado a declarar su rebeldía.
Esta decisión contra Evo Morales se enmarca dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público por el presunto delito de trata de personas y estupro. Asimismo, la resolución del 27 de enero establece que no se admitirá ningún recurso posterior, lo que obliga al juez de origen a proceder con la emisión del mandamiento de aprehensión contra el exmandatario.
Según denunció el evismo, la investigación contra Morales es un intento del Gobierno de Luis Arce para anularlo política y judicialmente e impedir su postulación para las elecciones de este año.
El Gobierno y la oposición tradicional solicitaron un análisis exhaustivo y transparente del proceso judicial en contra del exmandatario, para asegurar que se respeten todos los derechos fundamentales y el debido proceso.
Pasos de la Fiscalía
El pasado 30 de enero, la Fiscalía General de Bolivia remitió a los cuerpos policiales el caso de la detención del expresidente Evo Morales, tras emitir la orden y declararlo en rebeldía por no presentarse en dos ocasiones ante los juzgados para comparecer por un caso de presunto abuso de menores en 2016.
Desde septiembre de 2016, la justicia investiga un presunto abuso que Morales habría cometido cuando era presidente contra una joven de 16 años, del cual nació una niña. El padre de la supuesta víctima fue detenido, mientras que la madre sigue desaparecida. De acuerdo con la investigación, ambos habrían obtenido beneficios políticos.
