Para el próximo 29 de septiembre, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí convocó a una audiencia pública para resolver sobre el recurso de apelación a una acción de protección que busca conformar una veeduría ciudadana para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS-T).
Una ciudadana identificada como Betty Moreira Marcillo planteó una acción de protección para que se le permita «diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS-Ttansitorio, sobre la base de facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la consulta popular del 2018».
Moreira planteó este recurso porque el excoordinador jurídico del Consejo, Julio Varas, designado en el periodo de Gina Aguilar, sugirió el 16 de mayo, no conformar esta veeduría por la existencia de un dictamen de la Corte Constitucional (CC) en el que se determinó que el CPCCS definitivo «no goza de autotutela» para revisar las decisiones tomadas por el Consejo transitorio.
Fuente El Universo