Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó ‘habeas corpus’ a Xavier Muñoz y seguirá en prisión preventiva

Este sábado, 30 de diciembre de 2023, se instaló una audiencia en la CNJ, en la que el tribunal de jueces de la Sala Especializada de la Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional, David Jacho (ponente), Roberto Guzmán y Luis Adrián Rojas, escuchó en una audiencia mixta (presencial y virtual) los alegatos de las partes, a los que se presentó en calidad de amicus curiae la Fiscalía General.

Después de un espacio de deliberación de casi dos horas, pasadas las 16:00 pronunciaron su fallo de forma oral y por unanimidad negaron el habeas corpus a Muñoz.

Entre las motivaciones, Jacho señaló que los cuestionamientos del accionante no coadyuvaron a configurar la ilegitimidad, arbitrariedad o ilegalidad de la medida y que no se demostró que haya una posibilidad de que esté en riesgo su vida, que es uno de los requisitos para lo que sirven los habeas corpus correctivos.

«Este tribunal no encuentra un argumento sólido que determine que la medida de privación de libertad sea ilegal, arbitraria o ilegítima», se indicó.

En la lectura del fallo se consideró «un error grave» de los alegatos de defensa de Muñoz esperar que en esta audiencia de habeas corpus se pretenda que el tribunal revise los elementos de convicción a los que arribó la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos y que los acogió el órgano penal competente.

La diligencia se desarrolló en dos partes. Desde las 11:00 hasta pasadas las 13:00, en la que se escucharon los argumentos de las partes procesales y el tribunal se retiró a deliberar. La reinstalación se dio a las 16:00, para la lectura de su decisión.

Muñoz intervino de manera virtual desde la Cárcel 4 y concentró parte de su defensa en cuestionar los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía para formularle cargos por el delito de obstrucción a la justicia, que devino en la medida de prisión.

Aseguró que el proceso «se va a caer, no hay juicio», porque el tipo penal no se adecua a su conducta, ya que él actuó como parte de un cuerpo colegiado y acogió un informe jurídico que recomendó tomar esas resoluciones en contra del magistrado Walter Macías.

«No existe el hecho fáctico sobre este delito y si no hay esa conexión, no hay proceso», decía aireado.

Al tiempo, criticó la medida dispuesta por Rivera que podría deberse -insinuó- a que el juez ha sido mencionado en el caso Metástasis, en los que se revelan chats obtenidos de los celulares del exconvicto procesado por narcotráfico y lavado de activos Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga en octubre de 2022.

«Todo el Ecuador sabe que aquí no hay argumentos fácticos. Jamás he tenido procesos penales, porque he sido un hombre honorable y todo el mundo lo conoce en el Ecuador», insistía.

Señaló que el país está pasando momentos difíciles, pero que él cumple los requisitos de arraigo, por lo que consideró innecesaria la medida de prisión; y, además, ofreció presentarse «todos los días» en la Corte Nacional para colaborar con el sistema judicial.

«Acaso he sido un representante de Los Choneros, de Los Lobos. (…) Estoy ilegalmente aquí metido en una prisión, pero los que deberían estar no están. Ustedes deberían darme el recurso», exclamaba a los jueces.

Culpó a la prensa de presionar para que se le formulen cargos en el proceso y aconsejó a los jueces que ellos son la columna vertebral del Estado de derecho y que su decisión debe tomarse con independencia.

«Tienen total independencia y el pueblo del Ecuador y sobre todo Dios los respaldará a ustedes y a todas las personas que hagan bien. Todo lo contrario, va a haber una gran maldición para todas las personas que utilicen las instituciones para perseguir a las personas y no hacer las cosas de manera correcta. Todos vamos a rendirle cuentas a ese ser supremo que todos queremos», concluyó.

Su defensa técnica argumentó que la medida dictada por el juez Rivera no estaba bien otorgada y que este proceso radica en un «tema político».

Se acusó a la Fiscalía de no demostrar que era necesaria la prisión preventiva, basándose en el indicio de que puede influir en los funcionarios judiciales por ser vocal del Consejo de la Judicatura.

Su abogado, Richard King Hurtado, increpó que su cliente fue detenido en Samborondón por la Policía Nacional sin haberse mostrado una disposición escrita, por lo que lo actuado fue arbitrario, ilegítimo y, por tanto, existe una vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso a la seguridad jurídica.

Ante este argumento, el tribunal aclaró que, tras estudiar el caso, Muñoz fue detenido por agentes de la Policía que tomaron en cuenta las reglas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el juez Rivera al observar que el procesado no estaba privado de la libertad dispuso su localización y captura.

Luego, cuando los agentes policiales lo detuvieron acatando la orden judicial, se emitió la boleta de encarcelamiento.

Por su parte, King alertó al tribunal que al mantener la prisión preventiva podría «abrirse una puerta» para que cualquier persona que ostente un alto cargo sea detenida, porque «influirá» en las decisiones judiciales.

En una referencia previa al caso Metástasis, el abogado se preguntó qué pasaría si se detiene a un general de la Policía o un juez nacional: se le dictaría prisión preventiva por ser un funcionario del nivel jerárquico superior…

El juez Luis Rivera no asistió a la diligencia, pero envió un escrito en el que defendió su decisión, la que se basó en 47 elementos de convicción planteados por la Fiscalía.

Respecto de Muñoz, esgrimió que al ser un funcionario del jerárquico superior puede poner en «peligro procesal» el caso porque tiene posibilidades de «aprovecharse de su cargo, entorpecer el desarrollo de la investigación y eludir su comparecencia».

Por ejemplo, la medida de prohibición de salida del país no era suficiente, informó Rivera, porque quien estaría a cargo de su seguridad serían funcionarios de menor rango, lo que impediría el cumplimiento de su arraigo.

Por la Fiscalía se presentó su titular, Diana Salazar, quien no intervino, pero sí su procurador judicial, José Luis Arcos, quien afirmó que debido a la condición de autoridad de Muñoz podría «influir y ejercer presiones» en los servidores judiciales.

Esto podría evidenciarse por las denuncias que el consejero presentó en contra de la fiscal Salazar para que se excuse de llevar adelante las investigaciones.

Arcos recalcó que se presentaron los elementos de convicción necesarios para que se haya dictado prisión preventiva. En esencia, pidió que se rechace por improcedente la solicitud de habeas corpus.

Por presunta obstrucción de la justicia, además de Muñoz y Terán, son procesados la exvocal Maribel Barreno; Andrés J., secretario general (e) del CJ; Marcela V., subdirectora nacional de Control Disciplinario del CJ; Carlos G., subdirector nacional de Control Disciplinario de la Judicatura; y Katherine L., subdirectora nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ.

Los tres primeros sospechosos son para la Fiscalía autores directos del delito que se investiga, mientras que los cuatro restantes serían colaboradores. (I)

Fuente: El Universo