Trabajadores y propietarios de La Clementina exponen la problemática ante la Comisión de Participación Ciudadana

La Comisión de Participación Ciudadana fiscaliza la problemática que enfrentan los trabajadores de la Hacienda La Clementina, a efectos de buscar soluciones para que vuelva a operar. En este marco, escuchó a las dos partes, quienes se encuentran en huelga y de socios representados por directiva de la Cooperativa COOPROCLEM.

Carlos Luis Sánchez, abogado patrocinador de varios trabajadores-propietarios de la Hacienda La Clementina, socios de COOPROCLEM, señaló que la problemática de 1.400 trabajadores se genera desde 2013, porque no se les paga al día, se les niega vacaciones y cuando reclaman sus derechos son despedidos. Es así que hasta el momento 400 socios han sido despedidos, pese a que son codeudores de casi 90 millones de dólares, añadió.

Mencionó que este grupo de personas resolvió desconocer la directiva, cansados de tanto maltrato y resolvieron paralizar las actividades para que atiendan las peticiones justas de derechos laborales, pero que en vez de buscar consensos Miguel Ángel Torres, presidente de la directiva vigente presentó un pedido de medidas cautelares y desalojo de algunos socios. Lo que llama la atención es que un funcionario judicial admite, califica y concede en 6 horas este pedido en contra de los socios de COOPROCLEM, limitando el derecho a la defensa, advirtió.

En virtud de este particular presentaron el recurso de apelación y posteriormente el recurso de hecho, mismos que no fueron concedidos, ante lo cual solicitaron a los parlamentarios que abran espacios para que se haga justicia.

Miguel Ángel Torres, presidente de la directiva de COOPROCLEM, señaló que efectivamente pidió el desalojo de los socios de la vía de acceso a la Hacienda en virtud de que el 90% de personas quiere seguir trabajando. Además, recordó que la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria fue muy clara en señalar que no se admite una directiva interina.

Algunos socios de COOPROCLEM señalaron no estar de acuerdo con la paralización de 400 personas que buscan sus intereses particulares. Ellos amedrentan al resto de socios que quieren seguir laborando, más aún cuando tienen que pagar su deuda y tienen que alimentar a sus familias, señalaron.

Dijeron estar de acuerdo con la decisión tomada por el juez de Ventanas el 19 de agosto de 2021, de negar los recursos de apelación y de hecho, a la vez que expresaron que desde el inició de este problema hay una pérdida de 34 millones de dólares y es hora de poner fin a esta situación que afecta a 1.800 familias.

Roxana Andreina, abogada de COOPROCLEM, comentó que hasta la fecha las autoridades no han hecho nada, pues la medida cautelar es para que se abran las vías y que los trabajadores puedan laborar sin ser agredidos.

JLVN/pv

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