Tercera ley relacionada con seguridad sigue en trámite en la Asamblea Nacional

“No es un problema de leyes”, “quieren pescar a río revuelto”, “muerte cruzada”. Fueron las respuestas de distintos asambleístas este miércoles 2 de noviembre, en referencia a la crisis de seguridad que afecta al país.

No hubo pronunciamientos del Pleno, ni tampoco sesiones presenciales en vísperas del feriado, y las bancadas no lograron unificar una respuesta.
El coordinador del bloque oficialista, Juan Fernando Flores, señaló al correísmo de pretender “pescar a río revuelto” al proponer como una alternativa que se convoque a elecciones anticipadas con la figura de la “muerte cruzada”.

Mientras, a través de un comunicado institucional, la Asamblea resaltó la aprobación de la Ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, en el último semestre de este año.

En el primer caso, sin embargo, autoridades del Gobierno y la Policía señalaron que se trata de una ley alejada del objetivo original, que era que los policías puedan actuar de manera más ágil contra la delincuencia. El Pleno rechazó casi todas las objeciones del Primer Mandatario el 6 de agosto pasado.

“No es un problema de leyes, es un problema de una débil institucionalidad y falta de decisión”, sostuvo la socialcristiana Marjorie Chávez.

La bancada de la Izquierda Democrática (ID) hizo un llamado al Gobierno de Guillermo Lasso para que “declare en emergencia la seguridad interna del país”.

Entre los pendientes de la Asamblea está la Ley de Seguridad Integral Fortalecimiento de la Fuerza Pública, que parte de una propuesta que fue entregada el 22 de enero del 2022 por el presidente Guillermo Lasso.

Mesa de seguridad

En octubre, el presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, convocó a un nuevo encuentro con los representantes de las demás funciones del Estado y de los organismos relacionados con la seguridad pública y del Estado, a fin de establecer las prioridades legislativas en esta materia.

A este llamado acudieron los representantes de diversos entes públicos, entre ellos, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la RepúblicaFiscalía GeneralDefensoría del PuebloDefensoría Pública Policía Nacional. Sin embargo, no se contó con la participación de los 23 gobernadores provinciales, que son parte del Ejecutivo; tampoco estuvieron los representantes del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Directora del ECU911, entidades que están directamente vinculadas con la temática de seguridad, señaló el Parlamento.

La inasistencia de estas autoridades fue rechazada por el presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Ramiro Narváez.

El proyecto de Ley de Seguridad Integral tiene como sus principales componentes una nueva política criminal y una reforma al sistema penitenciario.

Fuente: El Comercio

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