Siete sentenciados en caso Sobornos presentan acciones extraordinarias de protección para que la Corte Constitucional revise violaciones de derechos

A menos de diez días de que concluyan los 20 días laborables que tienen los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 para presentar una acción extraordinaria de protección ante la sentencia en firme por el delito de cohecho agravado, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que se encarga de ejecutar la condena de la causa, recibe siete acciones de este tipo y dispone se remita el expediente original a la Corte Constitucional (CC).

Hasta el 6 de octubre último, de los 20 sentenciados en este caso han presentado esta acción los exministros María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, el ex secretario jurídico Alexis Mera y los empresarios Rafael Córdova, Víctor Fontana y Édgar Salas. Los siete fueron sentenciados a ocho años de cárcel como coautores, los exfuncionarios públicos, y como autores directos, los empresarios.

Los pedidos fueron presentados ante el Tribunal de Juzgamiento o de primera instancia de la CNJ, presidido por el juez nacional Iván León, quien se encuentra ejecutando la sentencia del caso, pues por norma se lo debe hacer así, como paso previo a que la acción llegue a ser conocida y resuelta por la CC.

En el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se señala que la acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.

Jorge Luis Ortega, defensa de Solís, considera que sí existen violaciones a derechos constitucionales en la sentencia contra su cliente y por ello optan por la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Aun así él dice tener claro que la acción planteada no detiene la ejecución de esta sentencia que ya está en firme desde el 23 de septiembre último.

“Esperemos ver cómo resuelve la CC lo que presentemos, sin perjuicio de que podamos acudir con una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esta, al finalizar el caso y luego de pedir explicaciones al Estado, considere o no remitir el proceso a la Corte Interamericana de DD. HH. para que se inicie un proceso contra el Estado ecuatoriano”, dijo.

La defensa de Rafael Correa también trabaja en un documento de más de 40 páginas con el que se busca sustentar una acción extraordinaria de protección ante la CC. Ya que están dentro del tiempo legal, Alfonso Zambrano, abogado del exmandatario, asegura que se están dando toques finales al pedido que se planteará e incluso el mismo expresidente y otros abogados lo estarían revisando antes de presentarlo.

Sobre la orden del Tribunal de Juicio del caso Sobornos para que se proceda con la notificación roja a Interpol, para ubicar y detener a Correa y otros catorce procesados, Zambrano cree que va a ser negada nuevamente, como en dos ocasiones anteriores, por -dice- los precedentes que han existido en Ecuador de politizar temas jurídicos.

En la providencia firmada por el juez León se explica que se procede a la disposición una vez que existe sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada y habiendo transcurrido trece días (hasta el 6 de octubre último), desde la fecha en que se dispusiera la localización y captura, sin que se conozca el paradero de varios de los sentenciados e incluso algunos ya no estarían en el país.

Ante el pedido el expresidente Correa, quien se encuentra en Bélgica desde mediados del 2017, respondió en su cuenta de Twitter: “Nuevo ridículo para Ecuador, pero, por supuesto, habrá que gastar nuevamente en abogados, limitaciones de viaje, etc. Así buscan quebrarnos”.

Además de Correa, el pedido de la Corte Nacional de Justicia alcanza a los exministros Walter Solís (en Estados Unidos), Vinicio Alvarado (Venezuela), María de los Ángeles Duarte (Embajada de Argentina), los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri, y los empresarios Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, William Phillips (Estados Unidos), Rafael Córdova (Holanda), Teodoro Calle y Mateo Choi (Corea del Sur).

La Sala de la CNJ deberá remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término máximo de cinco días y la sala de admisión en el término de diez días deberá verificar que se cumplan los ocho requisitos.

Si se declara la inadmisibilidad, archivará la causa y devolverá el expediente al juez o tribunal que dictó la providencia y dicha declaración no será susceptible de apelación. Pero si la declara admisible se procederá al sorteo para designar al juez ponente, quien sin más trámite elaborará y remitirá el proyecto de sentencia al pleno de la CC para su conocimiento y decisión.

La Corte Constitucional determinará si en la sentencia se han violado derechos constitucionales del peticionario y si declara la violación, ordenará la reparación integral al afectado. La Corte Constitucional tendrá el término máximo de 30 días contados desde la recepción del expediente para resolver la acción. (I)

Fuente: El Universo

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