Siete informes del Consejo de Participación Ciudadana señalan al expresidente Rafael Correa

Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio le falta entregar dos informes sobre procesos de investigación de presuntos hechos de corrupción como parte de su plan de trabajo en este año de funciones.

Se trata de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, y el manejo de la deuda pública.

Fueron nueve ‘casos emblemáticos’ que el organismo se comprometió a indagar, y que están relacionados con la construcción de obras en el mandato de Rafael Correa.

Entre estas, la hidroeléctrica Manduriacu y la Refinería del Pacífico, por las que el CPCCS ya presentó las denuncias en la Fiscalía General, por tener una presunción de delitos relacionados con la “delincuencia organizada, tráfico de influencias, peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, defraudación fiscal, y fraude procesal”, en los que se señala a Correa, y entre otros, a Jorge Glas, preso por asociación ilícita en la trama de coimas del caso Odebrecht.

En la Refinería del Pacífico se denunció presunto tráfico de influencias, evasión tributaria, delincuencia organizada, lavado de activos y peculado.

El 13 de marzo se aprobó el informe sobre la reconstrucción de Manabí, después del terremoto del 16 de abril de 2016. Se observó al exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción ProductivaCarlos Bernal Alvarado, por la presunción de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El 4 de abril, el Consejo de Participación aprobó en una extensa jornada cuatro expedientes sobre la construcción de las Escuelas del Milenio, hospitales públicos, el proyecto Toachi-Pilatón y el poliducto Pascuales-Cuenca.

En todos estos se habló de presuntos delitos de delincuencia organizada, ya que el expresidente suscribió decretos de emergencia que habrían permitido contrataciones “con incrementos de costos”; así como de tráfico de influencias y asociación ilícita.

Como parte de esta etapa, el CPCCS ofreció entregar un ‘mapeo’ de personas, instituciones y proyectos en los que están asociados recursos públicos con la sospecha de lavado de activos –como resultado de revelaciones de los Panamá Papers y la trama de Odebrecht– para que el Estado ecuatoriano recupere esos dineros. (I)

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