Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas que permitan que las leyes respondan de manera más efectiva a las demandas ciudadanas, 35 servidores legislativos -entre ellos, funcionarios de las comisiones de Desarrollo Económico y Régimen Económico- participaron en el curso de Técnica Legislativa y Evaluación Normativa, organizado por la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), en articulación con la Coordinación de Participación Ciudadana.

Durante el encuentro, se destacó que los proyectos de ley deben elaborarse sobre la base de la técnica legislativa, que garantiza la construcción de normas claras y coherentes, que repercuten en la seguridad jurídica, evitando ambigüedades o dobles interpretaciones al momento de su aplicación.

Nora García, expositora de la UTL, subrayó la importancia de que la legislación contribuya al derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución y sentencias de la Corte Constitucional. Asimismo, enfatizó en la necesidad de considerar, en la redacción de las leyes, principios como la irretroactividad de la norma, la reserva de ley, la claridad en la intención legislativa, la responsabilidad en la aplicación de disposiciones transitorias, y la denominación precisa de las normas derogadas, entre otros aspectos.

García amplió la explicación sobre la relevancia de respetar la reserva de ley, relacionada con la facultad exclusiva del Presidente de la República para presentar proyectos que creen, modifiquen o supriman impuestos, o que impliquen un aumento en el gasto público, conforme al artículo 135 de la Constitución.

Por su parte, Estefanía Vallejo, también integrante de la UTL, profundizó en los lineamientos para la elaboración normativa establecidos en el Manual de Técnica Legislativa y el reglamento correspondiente. Además, abordó las características generales de la norma, sus partes, la diferencia entre ley ordinaria y ley orgánica, la codificación, y su ubicación según el orden jerárquico del sistema jurídico.

Finalmente, Andrés Moyón recalcó que los proyectos de ley presentados por los asambleístas no deben generar gasto público, ya que esto contraviene la facultad exclusiva del Presidente de la República.

También se refirió a los requisitos que deben cumplirse para la presentación de proyectos con carácter urgente en materia económica. En estos casos, la UTL emite un informe que verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

 

Fuente: Asamblea Nacional

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