Apenas 24 horas de transcurrida la jornada del sufragio de los comicios del 5 de febrero, surgieron una serie de eventos en cadena que alteraron el proceso que le tomó un año de organización al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El domingo pasado, 13,4 millones de ecuatorianos fueron convocados a las urnas para pronunciarse sobre la elección de 5.697 autoridades de gobiernos seccionales, de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y del referéndum, en cuya etapa para el conteo de votos se revelaron varios errores e irregularidades que se habrían cometido dentro del CNE.
Consecuencia de ello, desde este sábado la autoridad electoral prevé declararse en escrutinio nacional, una figura establecida en el Código de la Democracia que permite el recuento de votos y que se lo hará a la votación de las ocho preguntas del referéndum propuesto por el presidente Guillermo Lasso, así como de los 45 candidatos al CPCCS.
Esto, a raíz de la denuncia que realizó el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, de que en la Delegación Provincial del Guayas se habría implementado un centro alterno de generación de actas de recuento con resultados al No al referéndum.
La revelación surgió en un escenario en el que más del 50 % del electorado se pronunciaba por el No al plebiscito propuesto por Lasso. Y además se registró un alto número de actas con inconsistencias que bordeó las 69.000 a nivel nacional en las ocho preguntas.
No obstante, ese número se redujo a 25.900 hasta el viernes pasado, cuando el escrutinio de las ocho iniciativas a nivel nacional avanzaba en un 99 %.
El hecho está en investigación en la Fiscalía General del Estado, pero según el relato del vicepresidente Enrique Pita, fue durante una visita al edificio de la delegación cuando observó un altillo que le llamó la atención y al acercarse encontró a un grupo de jóvenes llenando actas y practicando firmas.
Durante una sesión del 10 de febrero, Pita detalló que el jueves pasado regresaba de una visita que hizo a la Delegación Provincial de Machala (El Oro) y se trasladó hasta la Delegación del Guayas.
Después de reunirse con el ahora exdirector de esa sede John Gamboa y el presidente de la Junta Electoral, Julio Candell, observó que en el área de Sistemas había una escalera que conducía a un altillo.
Preguntó qué había ahí y le dijeron que era una bodega. Se acercó, escuchó voces y se encontró con seis o siete jóvenes que habrían estado llenando actas que correspondían al referéndum.
En otros papeles que estaban sobre una mesa -dijo- habrían estado practicando firmas para plasmarlas en las actas y, además, vio un escáner como los que se usan en los procesos electorales, que detectan automáticamente la votación y la suben a la nube virtual para que los digitadores comparen los resultados.
“Había toda una estrategia implementada para crear actas sobre la base de reportes de inconsistencias numéricas, actas que no pasaban el reconteo y los números eran a favor de una posición negativa al referéndum”, contó a sus colegas en esa plenaria.
Esto dio paso a la remoción de John Gamboa como director de la delegación, porque supuestamente, habría tenido conocimiento de esta actividad.
Desde sectores como la sociedad civil, la Corporación Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional se pidió al CNE que efectúe las investigaciones correspondientes y que se respete la voluntad ciudadana.
Otro hecho se conoció el lunes último, respecto de la impresión de actas de escrutinio con error desde el Instituto Geográfico Militar (IGM) y que afectó el conteo de votos de las dignidades de alcaldes y prefectos en seis provincias.
La noticia había llegado a los consejeros en horas de la noche del mismo domingo 5 de febrero y habían alertado candidatos que vieron que en la sumatoria de votos no correspondía el resultado.
Ello se debió a que en esos documentos el orden de prelación, establecido de acuerdo con el número de lista de cada candidato, estaba en desorden. Ello afectó al Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER), pues al procesar automáticamente las actas, los resultados se acreditaban de forma errónea.
Esto ocurrió en las provincias de Cañar, Loja, Morona Santiago, Napo, Santa Elena y Zamora Chinchipe, y según el CNE, provocó que el acta de conocimiento público no coincida con el cómputo de los votos, generando inconsistencias numéricas.
De esta forma, las juntas provinciales electorales procedieron desde el 6 de febrero a realizar el recuento voto a voto con la presencia de delegados de las organizaciones políticas y observadores electorales.
De acuerdo con información del CNE, al 10 de febrero, en cuatro de las seis provincias culminó al 100 % el escrutinio para esas dos dignidades, es decir, en Cañar, Santa Elena, Zamora Chinchipe y Napo.
Aún se procesaba el recuento en Loja que reportaba el 51,38 % en la dignidad de alcalde y 50,92 % de prefecto; y, en Morona Santiago, el 86,27 % de alcaldes y 84,81 % de prefectos.
Otra incidencia que se produjo fue que el área informática del organismo no había sido informada de que los resultados del conteo de las ocho preguntas del referéndum debían divulgarse de forma paralela a la de los resultados del referéndum.
Ello produjo inconformidad en el gobierno de Guillermo Lasso, proponente del plebiscito, que veía que se imponía el No a las ocho preguntas con un promedio del 50 %.
Debido al número de papeletas que recibieron los electores el domingo, entre siete y nueve, el CNE implementó una metodología de conteo simultáneo en las juntas receptoras del voto (JRV), para lo que aumentó un quinto vocal y los dividió en dos grupos: uno para que cuente los votos de las papeletas de alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales; y otro grupo para que cuente los votos del referéndum y del CPCCS.
Con ello se esperaba que, al igual que iba generándose la información del conteo de la dignidad de alcaldes (que era la primera en contarse), iban a ir apareciendo los resultados del referéndum. Al contrario, el conteo del referéndum se fue conociendo lentamente en el SIER.
Asimismo, terminadas las votaciones del 5 de febrero, el portal web del Consejo y su aplicativo móvil, que permite dar seguimiento al avance del escrutinio, sufrieron intermitencias, aunque en el Centro de Mando que instaló el organismo en un hotel de Quito no hubo inconvenientes.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) recogió este suceso en su informe preliminar.
El cuerpo internacional “constató que la página de divulgación y la aplicación móvil funcionaron de manera lenta y/o intermitente desde su habilitación. (Hubo) momentos a lo largo de la noche en que no fue posible acceder a los resultados a través de cualquiera de las plataformas, las que brindaban un servicio interrumpido. No obstante lo anterior, observadores de la OEA se encontraban presentes en el Centro de Mando del CNE y pudieron constatar que la transmisión de actas en dicho lugar fue fluyendo a lo largo de la noche, sin que se presentaran las interrupciones observadas en las plataformas de divulgación”, indica el documento de 25 páginas.
Se añadió que a las 21:00, “cuatro horas después del cierre de las urnas, solo el 1% del total de las actas había sido procesado (5.881 de 579.633), pero el procesamiento fue mucho más fluido una vez que las actas fueron arribando a los Centros de Digitalización de Actas”.
Pese a esta observación, la presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaint afirmó en una declaración pública del martes pasado que no hubo “intermitencia de ningún tipo”.
A estos sucesos se sumó la denuncia de seis candidatos al Consejo de Participación Ciudadana de que habría un presunto “fraude electoral”, al constatar inconsistencias en el número de electores y el número de votos.
El 9 de febrero último, Manuela Daquilema y Ángel Chela, candidatos de los pueblos y nacionalidades; Óscar Ayerve, Édgar Coral, Jaqueline Ludeña y Juan Esteban Guarderas se mostraron afectados por los resultados.
Ejemplificaron que en la elección de una Prefectura en una provincia había 2′455.496 electores, pero para el CPCCS había 2′404.000. “Una diferencia de 50.000 votos desaparecidos en una provincia; en Loja, el número de votantes es 180.030 y para el referéndum 282.000, una diferencia del 56 %”, contó Guarderas.
Con estos escenarios, este sábado 11 de febrero se inició el escrutinio nacional, también sobre esta elección para subsanar inquietudes.
El Código de la Democracia en su artículo 141 establece la ejecución del escrutinio nacional, con el que el CNE se instala en audiencia pública previo señalamiento de día y hora, no antes de tres días ni después de siete días contados desde aquel en que se realizaron las elecciones.
Esta actividad consiste en examinar las actas levantadas por las juntas provinciales electorales con el objetivo de verificar los resultados y corregir las inconsistencias cuando haya lugar. El Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias y, concluido se computará el número de votos válidos y se proclamarán los resultados definitivos, cita la norma.
Asimismo, en el artículo 134 se establece que se declararán suspensas las actas que presenten inconsistencias numéricas o falta de firmas conjuntas del presidente y secretario de la junta receptora del voto. Las juntas provinciales pueden disponer que se verifique el número de sufragios de una urna en tres casos:
- Cuando un acta hubiera sido rechazada por el sistema informático de escrutinio por inconsistencias numérica de resultados. Se considerará que existe inconsistencia numérica cuando la diferencia entre el número de sufragantes y el número de sufragios contabilizados en el acta de escrutinio sea mayor a un punto porcentual.
- Cuando en el acta de escrutinio faltaren las firmas del presidente y del secretario de la junta receptora del voto; y,
- Cuando alguno de los sujetos políticos presentare copia del acta de escrutinio o de resumen de resultados suministrada por la junta receptora del voto, suscrita por el presidente o el secretario y aquella no coincida con el acta computada.
De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Consejo, los resultados oficiales y definitivos de la elección de las autoridades de gobiernos locales y del CPCCS se conocerían los primeros días de abril. En tanto, los resultados oficiales del referéndum se programaron para el 21 de marzo próximo.
Fuente: El Universo