Sectores políticos opinan que Guadalupe Llori habría perdido la mayoría que la sostenía en la presidencia de la Asamblea

Que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), no haya logrado el quorum reglamentario para instalar la sesión del pleno virtual convocada para las 22:00 del pasado sábado 26 de febrero mostraría que ya no tiene una mayoría que la respalde, coinciden legisladores consultados por este Diario. Eso abriría el camino para conseguir los votos que permitan crear una comisión especial que evalúe su desempeño y el del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

En esta jornada se buscaba retomar la sesión 759 del pasado 27 de enero y tratar el proyecto de resolución que dispone la reanudación de las sesiones del pleno, que se encuentran suspendidas, con el fin de evacuar los temas sensibles y evitar que el CAL archive la derogatoria de las reformas tributarias que están vigentes desde enero de este año.

La sesión se instaló a las 22:10. Llori dispuso la constatación del quorum. El registro informático para las asistencias de los asambleístas permaneció abierto por cerca de una hora –se cerró a las 23:14–. Solo se registraron 67, pero se necesitaban 70 (de 137).

No se presentaron los legisladores de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) y algunos miembros del Partido Social Cristiano (PSC), así como del ala rebelde de Pachakutik.

Ante ello, Llori suspendió nuevamente la jornada e indicó que se notificará la nueva fecha.

Minutos después, las legisladoras socialcristianas Geraldine Weber y Zolanda Plúas, que aparecieron conectadas, señalaron en sus redes sociales que hubo una confusión, que no participaron y que pedirán que se elimine su registro.

Esteban Torres, jefe de la bancada del PSC, expresó: “El mensaje que dejó esta falta de quorum es claro: no hay respaldo a la gestión de la presidenta de la Asamblea y que el Gobierno, no ella, porque si usted se fija solo la bancada oficialista la apoya, perdió la mayoría”.

Añadió que la sesión del sábado era ilegal porque era para el tratamiento de un punto del orden del día que ya estaba expirado. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que estos pueden tratarse dentro de los 30 días siguientes de su aprobación.

“Convocar a esta sesión fue una jugada del Gobierno para calmar la situación”, dijo Torres, refiriéndose a la sesión del pasado jueves en la que él apeló la presidencia de Llori, pero ella no dio paso a ese trámite y la suspendió. Y para que los asambleístas se fueran del salón hasta se apagaron las luces.

Mireya Pazmiño, del ala rebelde de PK, opinó que la evidente pérdida de respaldo que afronta Llori es consecuencia de su mala conducción política. Y que por ello estos sectores políticos quieren que se cree esta comisión especial.

Precisó que la convocatoria a la sesión del sábado fue ilegal, ya que el pasado 22 de febrero el CAL resolvió que las sesiones del pleno serían presenciales y que la virtualidad sería de manera excepcional para quienes estén enfermos, por ejemplo.

Ella cuestionó que se haya mantenido abierto por una hora el registro de los legisladores para la sesión del sábado. Denunció presiones para que estos se conectaran y que hubo asesores que, sin permiso, ingresaron a la reunión sin encender las cámaras.

Para Dalton Bacigalupo, de las filas de la ID, en cambio, lo ocurrido el sábado no necesariamente obedece a una pérdida de respaldo político. Se podría decir, más bien, que la mayoría “es incierta”. “Ayer estuvimos 67 legisladores, la mayoría son 70. No necesariamente ha perdido la mayoría. Pero en los próximos días se verá con actuaciones concretas si en realidad tiene o no respaldo”, comentó.

¿Y por qué no asistieron entonces a la reunión? Bacigalupo dijo: “Habrá algunos que salieron del país (por el carnaval), habrá otros que tenían dudas de si la convocatoria era o no correcta”.

“Se quiere implementar un proceso de destitución a la señora Llori de manera ilegal y arbitraria desde las bancadas de UNES, PSC y los llamados rebeldes de PK, que son infiltrados del correísmo. No están siguiendo el procedimiento que manda la Ley Orgánica de la Ley de la Función Legislativa, que señala claramente que el trámite de destitución de las autoridades será el mismo establecido para la de los asambleístas; la comisión que se conformaría no puede hacer lo que le da la gana, tiene que ceñirse a un procedimiento establecido, que no es tan rápido ni urgente como lo quiere hacer esa supuesta mayoría”, explicó. (I)

Fuente: El Universo

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