El sector de la minería formal está de acuerdo en combatir, perseguir y sancionar la minería ilegal para erradicarla, que es lo que se busca con el segundo paquete de la propuesta del presidente Daniel Noboa para la consulta popular, pero hace observaciones y no estarían de acuerdo con la pregunta 3 que topa ese tema.
De acuerdo con el Ejecutivo, la minería ilegal es un problema transversal, pues permea aspectos relacionados con la seguridad nacional, el ambiente, recaudación fiscal, sociales, entre otros.
Según expertos, en el país ya existen las herramientas para combatir las actividades irregulares del sector y lo que más bien debería hacerse es fortalecer y capacitar a los organismos de control, así como a la fuerza pública y el sistema judicial, pues con la pregunta lo que se hace “es ratificar algo que el Estado ya puede hacer” y por ello “no tiene nada de nuevo”, aunque se rescata desde el punto de la legitimidad.
La pregunta 3 consulta: ¿Está usted de acuerdo en que para erradicar la minería ilegal se declare a las zonas mencionadas en el anexo 3 como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras, para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado?
Anexo 3
En el anexo 3 se indica que se han identificado cuatro áreas geográficas en las cuales se ha detectado presencia de la minería ilegal y estas son:
- Provincias de Esmeraldas (San Lorenzo), Carchi e Imbabura (Buenos Aires)
- Provincia de Napo (Yutzupino)
- Provincias de Zamora Chinchipe (Chinapintza) y Morona Santiago
- Provincias de Azuay, El Oro y Loja.
En el anexo también se indica que le corresponderá al Ministerio de Energía y Minas, a través de un trabajo coordinado con las entidades del Estado, determinar las zonas afectadas por la minería ilegal dentro de las concesiones mineras, así como también en los otros derechos mineros (contrato de explotación minera, licencias y permisos, autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación y licencias de comercialización).
La pregunta 3 consulta: ¿Está usted de acuerdo en que para erradicar la minería ilegal se declare a las zonas mencionadas en el anexo 3 como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras, para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado?
Anexo 3
En el anexo 3 se indica que se han identificado cuatro áreas geográficas en las cuales se ha detectado presencia de la minería ilegal y estas son:
- Provincias de Esmeraldas (San Lorenzo), Carchi e Imbabura (Buenos Aires)
- Provincia de Napo (Yutzupino)
- Provincias de Zamora Chinchipe (Chinapintza) y Morona Santiago
- Provincias de Azuay, El Oro y Loja.
En el anexo también se indica que le corresponderá al Ministerio de Energía y Minas, a través de un trabajo coordinado con las entidades del Estado, determinar las zonas afectadas por la minería ilegal dentro de las concesiones mineras, así como también en los otros derechos mineros (contrato de explotación minera, licencias y permisos, autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación y licencias de comercialización).
¿Qué dicen los expertos?
La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, indica que la industria aplaude que la intención del Gobierno sea combatir la minería ilegal, “pero esta no es la forma”.
El abogado, experto en temas de minería, Andrés Icaza dice que la posibilidad del Estado de revertir una concesión minera en la que el concesionario permita la minería ilegal ya consta en la Ley de Minería. “En esa parte el contenido de la pregunta no tiene nada de nuevo”.
Sin embargo, si la pregunta llegara a pasar, considera sano que se le dé legitimidad a la entidad gubernamental para la lucha contra la minería ilegal y convertir en un tema nacional la lucha contra la minería ilegal.
Si bien no existen datos oficiales respecto a cuánto dinero mueve la minería ilegal, de acuerdo con el documento del mandatario, se estima que esta actividad genera alrededor de $ 800 millones y $ 1.000 millones al año, lo que Silva califica como gravísimo: “Se nos va literalmente en las narices con la extracción de recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos “.
Indica que la minería ilegal es absolutamente devastadora, no solo en el sentido ambiental, sino también por la descomposición social que trae consigo y es en lo que están de acuerdo; sin embargo, hacen observaciones a la pregunta. “Haciendo un análisis profundo lo que se está diciendo en esa pregunta es revertir concesiones para frenar la minería ilegal” y frenar o revertir concesiones formales no va a impedir el avance de la minería ilegal, sino lo contrario y se ha visto que cuando se detiene a la minería formal avanza la ilegal.
Icaza señala que en la pregunta también se menciona del aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, pero ahí “un poquito” la pregunta queda suelta, pues se debe tener en cuenta que los mineros ilegales “son gente y la gente se mueve” y que va a donde hay “afloramientos de oro muy cerca de superficie, aproximadamente 40, 50 metros bajo tierra o en las zonas aluviales, en los ríos, porque son de fácil explotación, sin ser muy costosa y el oro es la mejor forma de lavado de dinero de cualquier otra actividad criminal”, que no solamente se refiere a temas de narcotráfico, sino en general, pues una barra de oro no purificado, que es más o menos del tamaño estándar de un celular, puede costar $ 25.000.
Silva cita como ejemplo que si ahora los ilegales pueden incursionar en zonas como Buenos Aires, lo hacen, y el rato que cae un operativo se repliegan y se van a otro sitio, “no es que se van a sus casas”. “A lo que voy es que va a haber siempre esa movilidad, entonces qué se va a hacer, declarar a todo Ecuador revocable de concesiones, eso sería un atentado a la seguridad jurídica, podría generar eventualmente contingentes de arbitrajes internacionales si es que se está hablando de reversión de concesiones, que no pudieran ser justificadas”.
Ya hay instrumentos legales para sancionar
En ese sentido, indica que ya hay instrumentos legales para controlar, perseguir y sancionar la minería ilegal y que no solo se centran en el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Minería, sino que también hay otros, pero que revertir concesiones legalmente otorgadas por el Estado ecuatoriano sería un “despropósito”.
El abogado dice que se debe considerar que para revertir una concesión minera, la Ley de Minería no establece la necesidad de declarar como zona de interés, pues el Estado tiene tres potestades básicas que son otorgar, administrar y extinguir derechos mineros. “Esas tres potestades están en la ley y son potestades discrecionales del Estado. La ley ya le da estas facultades al Estado, entonces no hay la necesidad de declarar áreas de interés”.
¿Qué se debe mejorar?
Silva indica que desde el sector reconocen que combatir la minería ilegal para el Estado es un gran desafío y para cumplir con ese objetivo, considera que se debe fortalecer y capacitar a los organismos de control, a la fuerza pública, y a ello suma los administrativos, y la depuración. Además, señala que combatir la minería ilegal no es un compromiso solamente del Ejecutivo, sino que también del Judicial, porque no hay un debido accionar luego de realizar una denuncia, así como debe definir y fortalecer una política minera.
Icaza agrega que el Estado debería trabajar en la modernización de los controles de minería ilegal, pues el sector minero merece más protección, innovar la figura del amparo administrativo en el reglamento; adentrarse en la diferenciación de los mineros de informales, artesanales versus los ilegales; implementar un sistema electrónico.
El oro está en precios históricos: $ 2.040 y $ 2.050 la onza y eso -agrega- hace que sea un buen negocio y para lo cual también recomienda trabajar en controles de producción de comercio, de exportación. “No digo que el Estado no esté haciendo su trabajo, como esta es una actividad muy dinámica, cambia, evoluciona constantemente, entonces el Estado se ve en la obligación de también ser muy dinámico en estas cosas”.
Fuente: El Universo