Luego de una jornada de casi doce horas, la mañana de este domingo, 29 de mayo, se reinstaló nuevamente la audiencia preparatoria de juicio por las muertes del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, hechos ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S).
La diligencia, que se da en el Complejo Judicial de Quito, terminó cerca de las 22:00 del sábado último. En ella participaron la fiscal Claudia Romero, con su acusación; las defensas de las víctimas, como Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, y la defensa del general en servicio pasivo (s. p.) Luis Castro, uno de los nueve procesados en esta causa.
La Fiscalía acusó a cinco oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo y a cuatro militares en servicio activo como autores directos del delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución constitutiva de una grave violación a los derechos humanos. Para Romero, todos debían ser llamados a juicio porque existen elementos que señalan sus responsabilidades, que revelan dónde estuvo posicionada cada una de las partes en el momento en que sucedieron los hechos.
Por las tres muertes, Romero acusó a los generales (s. p.) Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera, así como a los militares activos Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe. Este caso se inició por el delito de homicidio, pero más adelante la Fiscalía reformuló cargos para analizar el delito de asesinato contemplado en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Wilson Velástegui, abogado de Luis Castro, no entiende cómo en este caso no están procesados el jefe inmediato de su cliente, de quien él recibió las disposiciones, el ministro de Defensa o el presidente de ese momento. Él supone que se quiere utilizar este proceso como trampolín para ver si se llega al expresidente Rafael Correa, “a quien no le pueden extraditar”.
Las muertes de Jiménez, un policía del Grupo de Intervención y Rescate, y de Panchi y Cortez, un soldado y un cabo del Ejército, respectivamente, se dieron en los alrededores del hospital de la Policía. En esa zona del norte de Quito se produjeron actos violentos dentro de la revuelta policial del 30-S, en la que al final de la jornada se produjo el rescate del entonces presidente, Rafael Correa, quien estaba siendo atendido en ese hospital.
Durante esta jornada se escucharán los argumentos que tienen los abogados de Guzmán, Merino, Peña, Peñaherrera, Guadalupe, Orozco, Cano y Castro para rechazar la acusación fiscal. Al final de la diligencia se conocerá si la jueza de Pichincha Luz María Ortiz acepta el pedido de llamar a juicio a todos o, una vez escuche a los abogados defensores de los acusados, su decisión sea sobreseerlos.
Independientemente del pedido de la Fiscalía de llamar a juicio a los nueve militares procesados, Edwin Romero, abogado de la familia del policía asesinado, espera que se abra otro proceso penal para sancionar a quienes ordenaron la Operación Rescate, entre ellos el expresidente Correa, quien —según él— dio la orden directa para que se realice la operación aquel 30 de septiembre de 2010.
Fuente: El Universo