Hasta tres años de espera para poder ser madre

“Llevo dos años en lista de espera porque la unidad cierra tres meses al año y la sanidad privada garantiza resultados, pero me da rabia meterme en un préstamo para tener un hijo. Mi marido dice que paguemos”. El testimonio de una paciente de 35 años que exige anonimato y denuncia el retraso de 24 meses para someterse a la fecundación in vitro en el Hospital Torrecárdenas de Almería revela la impotencia ante una de las mayores listas de espera de la sanidad pública: la reproducción asistida.

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El heterogéneo tratamiento a la infertilidad que dan las autonomías convive con el problema de la bajísima natalidad (1,35 niños por mujer) y contrasta con el liderazgo mundial de España en términos relativos de ciclos de reproducción —tratamientos completos— (175.016 en 2016), solo por detrás de Estados Unidos y Japón en números absolutos.

Los líderes políticos han prometido durante la campaña electoral medidas para que la natalidad remonte y paliar el envejecimiento de la población, pero una de las vías más rápidas (y costosas) para lograrlo encuentra escollos presupuestarios y éticos desde las Administraciones. Casi uno de cada 10 niños nacidos en 2016 fue concebido mediante reproducción asistida (37.503 bebés por 408.384 nacimientos), según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). La Organización Mundial de la Salud declaró la infertilidad como una enfermedad en 2010.

“Mejorar es relativamente simple, hay que dotar mejor las unidades [de reproducción asistida]. La realidad en política es de meses o años, y ningún partido se para a pensar en décadas. O se pone mucho dinero o nos quedamos como estamos y la gente se va a la privada”, critica Luis Navarro, presidente de la SEF. El primer escalón para tratar esta enfermedad suele ser una inseminación artificial (unos 500 euros), a la que sucede la fecundación in vitro (con un coste de unos 5.500 euros incluido el parto para el sistema público, según un estudio de la Universidad de Granada, hasta 8.000 euros a pagar por los pacientes en clínicas privadas).

De los 307 centros, 96 son públicos [con la edad de 40 años como tope para un máximo de tres ciclos por mujer] y 211 son clínicas privadas, que en 2016 realizaron 12.939 ciclos a mujeres extranjeras, atraídas por la técnica puntera desarrollada en España y una laxa legislación. Los porcentajes de éxito oscilan entre el 15% de la inseminación artificial y el 42% de la fecundación in vitro con óvulos donados.

La edad más fértil de una mujer es de los 18 a los 35 años, pero en los últimos años la llegada del primer hijo se ha retrasado hasta los 32 años, por lo que el problema de la fertilidad se ha agudizado. Cuando una pareja o una mujer soltera reclaman un tratamiento, esos dos años de espera para la fecundación in vitro, a los que a menudo se añade otro por las pruebas médicas y la inseminación artificial, son críticos. “De los 35 a los 37 años el deterioro es muy rápido, la curva cae en picado y se pierde tanta fertilidad como de los 20 a los 35. Con esa demora de dos años estamos condenando a una mujer a tener peores resultados”, ilustra Vicente López, responsable hasta hace un año de la unidad de reproducción asistida en el Hospital Valme de Sevilla. Esta unidad es un claro ejemplo de la tijera presupuestaria: creada en 2011, hasta el verano pasado no se dotó de equipamiento y profesionales (biólogos, embriólogos y ginecólogos), siete años después.

Que el tiempo es oro en reproducción asistida lo demuestra otro dato: el 75% de los embriones de una mujer con más de 40 años son anómalos, según los expertos. “Existe una disociación entre la llamada edad reproductiva biológica, de 20 a 30 años, y la considerada edad reproductiva social, de 30 a 40 años. Las mujeres no son muy conscientes del retraso de su proyecto reproductivo”, reflexiona Federico Pérez Milán, ginecólogo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.PUBLICIDAD

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“Cataluña, con 24 meses, es la comunidad autónoma con mayor tiempo medio de espera para la fecundación in vitro mientras que Extremadura y Navarra, con seis meses, presentan el tiempo de espera más ajustado”, rezaba un informe de la SEF fechado hace dos años sobre el Sistema Nacional de Salud. Tras consultar a ginecólogos de los hospitales Sant Pau, Clínic y Vall d’Hebron, el sindicato Metges de Catalunya estima que la lista de espera en esa región permanece hoy en los dos años, extremo que la Generalitat rechaza confirmar. Tampoco la Junta de Andalucía ha querido corroborar la cola de dos años que sí ratifican sus ginecólogos.

Madrid, con una demora media de un año y medio, está contratando ahora embriólogos y ginecólogos para potenciar sus unidades, y Murcia estrenará este verano su propio laboratorio para fecundación in vitro tras anunciarlo por primera vez hace 12 años.

“Es una barbaridad”

Miguel Aragón coordina la unidad de reproducción asistida del Hospital Torrecárdenas de Almería y confirma que la Junta les obliga a cerrar tres meses al año “para atender los paritorios”. “En biopsia testicular [una prueba inicial] tenemos pacientes con tres o cuatro años en lista de espera. Hay casos dramáticos, la gente se lo toma mal y ponen pocas quejas para lo que podrían poner”, admite. Una médica de un hospital sevillano que reclama anonimato añade: “La lista de espera nos parece una barbaridad, pero políticamente los pacientes no protestan. No sabemos por qué. No se toma cartas en el asunto porque no trasciende”.

Los partidos políticos repiten dos recetas: la inversión en unidades especializadas para reducir las listas de espera —medida que a menudo las autonomías gobernadas por PP y PSOE obvian— y frenar la inestabilidad del mercado laboral que trajo la crisis hace una década y ningún Gobierno central ha atajado.

Desde el PSOE, Silvia Buabent, responsable de movimientos sociales y diversidad, afirma que “tendremos que ver cómo atajar las listas de espera”. Y admite: “El mercado laboral es inestable, precario, temporal y no apoya a la mujer que decide tener hijos. Pero con 10 meses de Gobierno y 84 diputados no ha sido fácil tumbar la reforma laboral”. Antonio Román, secretario de Sanidad y Bienestar Social del PP, defiende la gestión de Mariano Rajoy: “Hay que seguir invirtiendo para reducir el déficit de profesionales, pero la reforma laboral incrementó el empleo y aumentó la contratación de mujeres, reforma que no ha derogado Pedro Sánchez”.

Sofía Castañón, secretaria de feminismos interseccional y LGTB en Podemos, denuncia “la precariedad laboral que impide a las mujeres tener hijos” y exige eliminar la brecha salarial y garantizar el acceso a la vivienda. Mientras, Francisco Igea, exportavoz de Sanidad en el Congreso por Ciudadanos, plantea que la primera necesidad es una tasa de empleo estable con el contrato único que propone su partido. “Hay que copiar políticas europeas como Francia, con ayudas y permisos”, apunta.

Tras tratar a cientos de pacientes, la doctora Bárbara Romero, coordinadora del grupo de centros públicos de la SEF, concluye con un anhelo: “Ellas saben que vienen tarde pero no han podido acudir antes por estudios o contratos malos. Lo principal es buscar la conciliación familiar, hay que intentar que se queden embarazadas cuando quieren ellas, no cuando la sociedad se lo impone”.}

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