Roberta Metsola, una democristiana maltesa al frente del Parlamento Europeo

Roberta Metsola, una democristiana maltesa de cuarenta y tres años experta en derecho europeo, será la próxima presidenta del Parlamento Europeo tras asegurar este martes una amplia mayoría, sucediendo así al fallecido David Sassoli.

 

Metsola será la tercera mujer en presidir la Eurocámara y la presidenta más joven, celebrando su cumpleaños el mismo día de la elección. Tiene clásico perfil de la burbuja Bruselas. Alumna del Colegio de Brujas -la universidad de post-grado por la que han pasado buena parte de los diplomáticos, funcionarios de las instituciones e incluso algunos comisarios-; ha dedicado buena parte de su carrera a los asuntos europeos.

Experta en derecho comunitario, trabajó primero en cuestiones de justicia para la representación permanente de Malta en la Unión Europea y después, como asesora legal de la entonces Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Catherine Ashton. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico. Dio el salto a la política como eurodiputada en 2013, fue reelegida en 2014 y otra vez en 2019. Entonces, logró el cargo de vicepresidenta primera del Parlamento, sustituyendo an sus funciones a Sassoli tras su muerte la pasada semana.

Es una de las voces más reconocidas del grupo de los Populares Europeos al que pertenece y su trabajo en particular en la Comisión de Justicia e Interior la ha catapultado como una de las caras más conocidas del Parlamento, a pesar de venir de un micro-estado como Malta. De hecho, Metsola será la primera maltesa en ponerse al frente de la presidencia de la una institución.

Demasiado conservadora para la izquierda pero en el ala más liberal del grupo popular, Metsola se ha alineado en buena medida con las posiciones democristianas en la Eurocámara, pero se salta la línea del partido en cuestiones como la defensa de los derechos LGTBI. Sin embargo, ha sido precisamente su posición respecto a los derechos de las mujeres lo que amenazó con comprometer su elección.

Aunque se ha puesto de perfil en la cuestión, la ya presidenta del Parlamento Europeo ha votado consistentemente contra la defensa del derecho al aborto, amparándose en que esta competencia es nacional. Lo cierto es que Malta, país católico y conservador, tiene una de las leyes más restrictivas de la UE en cuanto al acceso a la interrupción segura y legal del embarazo y no existe el espacio político en el que defender lo contrario. Hacerlo sería casi un suicidio político.

De hecho, su candidatura resultaba particularmente incómoda para buena parte de liberales y socialistas, que finalmente la han hecho presidenta con sus votos, precisamente en un momento en el que los derechos de las mujeres están siendo atacados en países como Polonia. Pero además, muchos lo consideran un insulto a la memoria de Simone Veil, primera presidenta de la Eurocámara y responsable de la legalización del aborto en Francia en 1975.

Una candidata de consenso

Nadie cuestiona las calificaciones de Metsola, ni su capacidad de trabajo, que buena parte de la Eurocámara aplaude. Y ella se ha plantado el día de su elección con un discurso de consenso, prometiendo representar la posición del Parlamento Europeo, cualquiera que sea el tema, y defendiendo la necesidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático, por la justicia social, y los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI y de quienes son discriminados por el color de su piel o su origen.

“La política no puede reducirse a ganadores y perdedores. Se trata de mejorar las sociedades y las vidas, de servir. Y es aquí donde nuestro Parlamento Europeo debe ser realmente un líder”, aseguró Metsola que se comprometió a hacer de la Eurocámara un espacio diverso y de empoderamiento, “sé que tener a la primera mujer presidenta de esta casa desde 1999 importa tanto dentro como fuera de estas salas. Pero debe ir más allá. Hay que reafirmar los compromisos de nuestras instituciones de tener más diversidad, igualdad de género, garantizar los derechos de las mujeres, todos nuestros derechos”.

Fuente: Revista El Economista

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