Los resultados que arrojen las acciones durante el estado de excepción y el conflicto interno armado que vive el país podrían ser un elemento que influya en el respaldo o el rechazo a las reformas legales y constitucionales que el Gobierno de Daniel Noboa Azín impulsa para convocar a una consulta popular.
En la Corte Constitucional (CC) están en análisis dos proyectos de reformas legales y otro de enmiendas a la Constitución planteado por el presidente de la República, Daniel Noboa, sobre los que deberá emitir un dictamen previo de constitucionalidad que determine su viabilidad.
Pero el Gobierno se enfrentará a una dualidad. Mientras debe enfocar su atención y control a las labores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para frenar actos delictivos de 22 grupos de delincuencia organizada (GDO) a los que se los declaró “terroristas”, debe también promover su consulta.
El país estará en los siguientes 60 días en estado de excepción; en tanto, la Corte Constitucional resolverá si da paso a sus 20 preguntas, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para organizar elecciones.
Más allá de que la Corte apruebe o no los proyectos presidenciales, el CNE tiene que organizar un referéndum para votar sobre la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas participen de forma complementaria en las tareas de seguridad interna con la Policía.
La Asamblea Nacional aprobó la reforma que planteó el expresidente Guillermo Lasso y la notificó a la CC para que haga el control previo de los anexos, considerandos y la pregunta. Con esa revisión, el CNE tendrá 45 días para convocar a elecciones.
La aspiración es que en ese tiempo las iniciativas de Noboa tengan un dictamen y coincidan los plazos. De ser favorable, el presidente suscribirá el decreto ejecutivo y el Consejo Electoral tendrá 15 días para convocar y 60 para organizar las votaciones.
Si se unifican, costaría entre $ 55 millones y $ 60 millones.
Carlos Aguinaga, exvocal del Tribunal Supremo Electoral e integrante del colectivo Voces por la Democracia, cree que lo lógico sería que empaten en plazos para que no se gaste en dos consultas, además que promoverá el debate en la opinión pública.
“La consulta popular está vinculada al tema de seguridad y puede tener una estrategia de fortalecimiento respecto de la comunicación. Por ejemplo, la extradición… puede alcanzar un mayor respaldo ciudadano por lo que está pasando. Las preguntas de seguridad van a tener una prevalencia en términos comunicacionales, porque la gente quiere una solución al conflicto y quiere que se someta a las bandas criminales; y, por tanto, eso va a tener una incidencia comunicacional directa”, reflexionó.
Para Oswaldo Moreno, analista político, es aún temprano para evaluar si los acontecimientos actuales tendrán consecuencias en el respaldo o rechazo a la consulta.
“Va a depender mucho, en el corto plazo, de los operativos de las Fuerzas Armadas, que finalmente serán los resultados del Gobierno en la crisis. Sin embargo, el Ecuador tiene esa lógica plebiscitaria que la han aplicado todos los jefes de Estado, aunque a unos les ha resultado y a otros no. Pero está en la agenda política del presidente Noboa y, por el momento, la ciudadanía está expectante y respaldándolo. Habrá que ver si ese respaldo se prolonga en el tiempo, y tiene mucho que ver con los tiempos y los resultados que el Gobierno dé”.
Por lo pronto, la jueza Teresa Nuques Martínez tiene en conocimiento desde el 3 de enero la iniciativa de once preguntas que propone reformas a leyes relacionadas con materia penal, como aumentar penas; que las Fuerzas Armadas realicen operativos de control de armas; que las armas incautadas sirvan para la fuerza pública; que vuelvan a funcionar casinos y juegos de azar, entre otras.
Sobre esta propuesta hay una primera opinión en contra. Henry Llanes, activista y presidente del Frente Nacional Nuevo IESS, presentó un amicus curiae en el que cuestiona las preguntas porque existen en las leyes vigentes y no tendrían efectos jurídicos.
Además que los proyectos de ley reformatorios requerirían del debate y aprobación de la Asamblea Nacional.
En tanto, el 9 de enero se ingresó un segundo cuestionario de nueve planteamientos en los que se incorporan enmiendas a la Constitución sobre la extradición, la extinción de dominio, minería ilegal, trámites de leyes de carácter urgente, de arbitraje, judicaturas especiales para juzgar a los miembros de los cuerpos de seguridad, el contrato de trabajo por horas.
La causa ingresó como reforma constitucional y está en conocimiento de la jueza Karla Andrade Quevedo desde el 11 de enero.
La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone un periodo de 20 días para que los jueces emitan un pronunciamiento.
Fuente: El Universo