Representantes de trece universidades cerradas presentan denuncia contra el expresidente Rafael Correa y tres exfuncionarios de su gobierno

Los representantes legales de trece universidades extinguidas durante el gobierno de Rafael Correa presentaron, la mañana de este miércoles, una denuncia penal para que la Fiscalía investigue al exmandatario Correa y a tres de sus entonces funcionarios por la confiscación de bienes muebles e inmuebles, fondos en efectivo en las cuentas, pasivos y cuentas por cobrar que fueron retenidas a estas instituciones “de maneta legal e inconstitucional”.

En la denuncia se pide se extienda la investigación a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; a Guillaume Long, expresidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces); y René Ramírez, expresidente del Consejo de Educación Superior.

Delincuencia organizada sería el delito que tentativamente creen los denunciantes se debería investigar en este caso. Ese delito se habría dado, dijeron, para “asaltar bienes que son eminentemente privados y que se inventaron la forma de poderlos secuestrar y llevar”.

El presidente de la Pre asociación de Universidades Cerradas, Armando Estrada, explicó que durante los últimos nueve años ha sido imposible presentar una acción legal porque se ha manejado el poder institucional para callar a quienes fueron perjudicados por más de $ 687 millones.

“Existen más de 100 propiedades, entre edificios, terrenos, centros de formación que fueron confiscados, muchas infraestructuras han sido rematadas. Es necesario que el Ecuador sepa y conozca a profundidad qué hicieron con los recursos materiales porque el perjuicio es millonario”, sostuvo Estrada.

En un comunicado el exrector Luis Coloma, parte de la pre asociación, señaló que junto a la confiscación está una estructura armada para pedir a varios rectores y administradores de la universidades dinero a cambio de evitar el cierre y posterior extinción de las mismas. “Pedimos que la Fiscalía solicite a la Contraloría que se extienda copia de los informes de los exámenes especiales realizados a las administraciones temporales de las universidades extinguidas”.

Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía que conforme una Comisión Especial integrada por expertos en Educación Superior que exija los informes y testimonios de los evaluadores in situ y de los bienes, fondos en efectivo en las cuentas, los pasivos y cuentas por cobrar que se confiscaron a las universidades suspendidas.

Uno de los objetivos del colectivo es que se reabran las universidades, que según ellos, fueron “injustamente cerradas”, al no respetar el debido proceso y al ser parte de hecho que fue político.

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Germán Espinosa, representante de la Universidad Tecnológica América, explicó que presentan la denuncia todos las universidades que fueron cerradas el 11 de abril del 2012.

“Fue un asalto con la Policía, con el Ejército a pretexto de que no se pasó la evaluación, pero todas las universidades pasamos la evaluación y tenemos los documentos. („,) Lo que estamos pidiendo es justicia. Hemos luchado más de diez años desde que nos atacaron, desde que nos cerraron, ha sido una lucha incesante. Las puertas nos cerraron en todas las instancias del Gobierno del presidente Rafael Correa”, señaló Espinosa.

Fuente: El Universo

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