Reforma exonera de tributos a las firmas importadoras

Las empresas importadoras de combustibles gozarán de la exoneración de algunos impuestos, según la reforma tributaria aprobada el pasado 29 de noviembre.

Esta norma introdujo un cambio en el artículo 87 de la Ley de Hidrocarburos. Este establece que habrá exoneración de los tributos al comercio exterior en “las importaciones de combustibles, derivados de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural, destinados para el consumo interno del país”.

Esto hace más atractiva la importación de combustibles para la empresa privada, según Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe).

“La importación de combustibles ya no va a pagar algunos tributos como el IVA, eso permitirá traer un combustible que sea más competitivo en ciertos productos y segmentos de consumo”, expresó Erazo.

El precio del diésel y de las gasolinas extra ecopaís está congelado desde el pasado 23 de octubre, cuando se suspendió el sistema de bandas que permitía el ajuste mensual del precio de estos derivados.

El galón de diésel está a USD 1,90 y el de extra ecopaís, a USD 2,50. La gasolina súper se encuentra liberada y el gas de uso doméstico está a USD 1,60.

Petroecuador firmó entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre cinco contratos con compañías privadas para la importación de combustibles líquidos y gas de uso doméstico. Así, se terminó el monopolio de la empresa estatal, aunque la Ley de Hidrocarburos ya permitía la libre importación de derivados desde antes.

Estos contratos para la recepcióntransportealmacenamiento y despacho de derivados de petróleo se suscribieron con las empresas Corpetrolsa S.A., Duragas S.A., Terpel-Comercial Ecuador CIA., Servicio WFSE Ecuador C.L. y Primax S.A. El plazo de todos estos convenios es de 15 años.

Estas cinco empresas tienen también la opción de usar la infraestructura estatal petrolera para la importación de derivados a cambio de una tarifa.

Para la importación de los combustibles líquidos, las empresas privadas pueden utilizar los muelles petroleros de Esmeraldas, La Libertad y Tres Bocas, los poliductos y los sistemas de almacenamiento de las terminales y refinerías.

Mientras tanto, para la importación de gas de uso doméstico, se pueden usar las instalaciones de los terminales Monteverde y Chorrillo, ubicadas en Santa Elena y Guayas, respectivamente, y el gasoducto Monteverde-Chorrillo.

La tarifa por la utilización de la infraestructura fue establecida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC). Las resoluciones fueron emitidas en diciembre de 2020 y abril de 2021.

Existe una tarifa diferenciada por el uso de cada segmento de la infraestructura en la importación de combustibles líquidos, lo que permite a Petroecuador cobrar por el uso de muelles, tanques y poliductos de forma separada.

Pero también hay la opción de la tarifa única USD 0,027665 por galón por el uso de todo el sistema. Es decir, menos de 3 centavos por galón importado.

Este será “aplicable siempre y cuando se cumpla con la distribución del producto en todas las terminales que se consideraron para la fijación de la tarifa”, señaló Petroecuador.

La posibilidad de utilizar la infraestructura petrolera del Estado la establece el Decreto Ejecutivo 1158, suscrito por el expresidente Lenín Moreno en septiembre de 2020.

Además el Decreto 279, del 1 de diciembre pasado, permite registrar nuevas instalaciones de almacenamiento abastecimiento, plantas envasadoras y centros de distribución de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos y de gas licuado de petróleo.

Es decir, las empresas importadoras ya pueden hacer inversiones en esta infraestructura.
Todos estos contratos y modificaciones de la normativa están enmarcados en el Decreto 95, que delinea la política hidrocarburífera del país y establece una serie de acciones para atraer inversiones.

El Gobierno espera captar USD 30 833 millones en inversiones en los próximos 4 años; de estos 30,62% (USD 9 440 millones) provendrían del sector hidrocarburífero.

Fuente: El Comercio

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