El proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades y las observaciones expuestas por los legisladores de las diferentes bancadas serán enviados a la Comisión de Garantías Constitucionales, que se encargará de elaborar el informe para segundo debate.
Esto según la disposición que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, luego de cerrar el primer debate del proyecto en la sesión No. 867.
El proyecto integra nueve cuerpos normativos sobre la misma materia que fueron presentados por María Fernanda Astudillo, Diego Esparza, Marcela Holguín, Luis Marcillo, Eduardo Mendoza, Yeseña Guamaní, Lucía Placencia, Pierina Correa e Isabel Enrríquez.
La ponente del proyecto, la legisladora Astudillo destacó que la propuesta fue analizada con la participación de representantes de las personas con discapacidad, sociedad civil, instituciones privadas y públicas, así como expertos que contribuyeron con experiencias de primera mano.
Recordó que la Constitución ordena “respetar y hacer respetar los derechos garantizados, para la igualdad de condiciones, sin discriminación alguna”, al recordar que en los dos períodos presidenciales anteriores se priorizó la atención a las personas con discapacidad, pero que hoy este grupo poblacional es desatendido y discriminado.
Explicó que el proyecto trata temas relacionados con el trabajo, la calificación de personas con discapacidad, acceso a créditos financieros preferenciales, accesibilidad en el transporte, inclusión política, gratuidad en la salud y educación, entre otros.
Debate
Los asambleístas Gustavo Mateus, Diego Esparza, Rosa Belén Mayorga, Lucía Placencia, Yeseña Guamaní, Pierina Correa, Isabel Enrríquez, Katiuska Miranda y Nathalie Viteri participaron con sus observaciones en el debate y realizaron, también, algunas recomendaciones.
Diego Esparza resaltó la propuesta del proyecto de ley tendiente a crear el documento único para personas con discapacidad, mismo que debe renovarse, con la finalidad de actualizar la información, mientras que Rosa Belén Mayorga recalcó que es importante considerar la normativa internacional de la ONU, con relación a género, ya que las niñas y mujeres en esta condición sufren una discriminación múltiple.
Pierina Correa y Gustavo Mateus recalcaron que en la Constitución de 2008 se estableció a las personas con discapacidad como grupos de atención prioritaria, y que, actualmente, han quedado en desatención.
Yeseña Guamaní señaló que desde su bancada trabajaron 45 artículos que incluyeron educación, cultura, deporte, entre otros. Manifestó que una de las propuestas fue que existan departamentos de trabajo social en instancias públicas y privadas, que brinden acompañamiento a las personas con discapacidad y a sus familiares, para que conozcan sus derechos, sobre todo en el campo laboral.
Por su parte, Isabel Enrríquez pidió que se aclare el porcentaje de becas académicas. “Debemos construir textos aplicables para que los derechos sean ejercidos y no sólo enunciados”, añadió. Recomendó que se entregue el cinco por ciento de becas estudiantiles a personas con discapacidad y que en lo laboral se incluya en el proceso de méritos y oposición a este grupo poblacional.
Katiuska Miranda sugirió que se trate con discreción el registro de información, sobre este grupo social, debido a que podrían existir subregistros que no evidencien la realidad social y obstaculicen la aplicación de la ley.
Nathaly Viteri sostuvo que en caso de despidos de sus puestos de trabajo las personas con discapacidad deben recibir una indemnización mayor, a la vez que hizo un llamado a tomar acciones para mejorar sus condiciones sociales.
KC/pv