La Comisión de Fiscalización y Control Político instaló la audiencia para recibir los alegatos de cargo y los argumentos de defensa de Ana Herrera; y, de la funcionaria cuestionada, Johanna Verdezoto del Salto, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la referida integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de funciones.
En su intervención, la asambleísta Ana Herrera reiteró que la reunión que mantuvo la consejera Verdezoto con Rodrigo Frías, entonces postulante al concurso para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, constituiría un presunto tráfico de influencia, por lo cual los veedores del proceso solicitaron que se excuse de participar en las sesiones del CPCCS, relacionadas con la designación de la citada autoridad. Añadió que esto configura, además, un claro incumplimiento de funciones.
Así mismo, Ana Herrera dijo que se ha demostrado que la consejera Verdezoto presentó un contrato ficticio de arrendamiento de un departamento en Quito, con el propósito de reclamar el pago del valor correspondiente a gastos de residencia, con lo cual se produjo un grave perjuicio a los fondos del Consejo y al país. “No se puede permitir que existan este tipo de funcionarios que mantengan conflictos de intereses, que vulneran su probidad notoria, más tratándose de una entidad encargada de nombrar a las más altas autoridades de control del país”, subrayó.
De su lado, Johanna Verdezoto cuestionó la veracidad de la documentación presentada en torno a la supuesta reunión privada con el expostulante a Defensor Público, Rodrigo Farías, encuentro que fue desvirtuado, pues se trató de un acto académico en el cual coincidieron y nada tuvo que ver con el proceso de designación al que alude la asambleísta Herrera. Enfatizó que ningún consejero tiene incidencia en el proceso de selección ni para la calificación de los postulantes, trabajo que compete exclusivamente a la Comisión Ciudadana de Selección integrada para el efecto.
Aseguró que fue un proceso transparente y que, al momento en que el señor Frías presentó su renuncia, en su condición de consejera votó a favor de la resolución para aceptar esa renuncia y su respectiva descalificación. Así mismo, sobre el contrato de arrendamiento de un departamento en Quito para recibir el valor correspondiente a gastos de residencia. “Se trató de un contrato absolutamente legal, debidamente protocolizado ante Notario, con un pago de 800 dólares mensuales, como justo precio, cumpliendo todos los requisitos previstos en la ley y el reglamento pertinente”. En virtud de lo expuesto, solicito se archive el presente juicio político, por falta de pruebas, concluyó.
Fuente: Asamblea
