Desde el 23 de septiembre de 2020, el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) del caso Sobornos 2012-2016, transformado en Tribunal de Ejecución, dispuso que al hallarse ejecutoriada la sentencia condenatoria por el delito de cohecho pasivo agravado en contra del expresidente y exvicepresidente Rafael Correa y Jorge Glas, respectivamente, se oficie al Ministerio de Finanzas para que de manera inmediata se dejen de pagar sus pensiones vitalicias.
La disposición se daba porque meses antes, junio de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Apoyo Humanitaria, en cuya cuarta disposición reformatoria incluyó en el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) que se exceptúa de las pensiones vitalicias a los exmandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos por haber sido cesados de acuerdo a una de las causales establecidas en la Constitución o que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, entre otros cinco delitos más.
El procurador general, Iñigo Salvador, como representante de la víctima, el Estado, informó en su momento que los pagos de $ 4.226 mensuales que recibía Correa como expresidente y los $ 4.057 que percibía mensualmente Glas como exvicepresidente fueron suspendidos en octubre de 2020. Ante ello, las defensas de Correa y Glas intentaron, sin resultados positivos, que no se concrete ese retiro.
En estos días, la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea aprobó con los votos de los correístas de UNES y del legislador Luis Almeida, del Partido Social Cristiano (PSC), un informe para segundo debate de un proyecto de ley que busca reformar tres artículos de la Losep. Una de esas reformas apunta a eliminar la cuarta disposición incluida en la Ley Humanitaria aprobada en tiempos de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Fuente El Universo