El crimen de María Belén Bernal, ocurrido aparentemente en el interior de la Escuela Superior de Policía e investigado por la Fiscalía por el delito de femicidio, movió el avispero legislativo.
Todas las fuerzas políticas buscan la forma de mediatizar su indignación y abrieron el debate sobre la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para regular la participación de Estado por acción u omisión en casos como el registrado el pasado 11 de septiembre.
Al otro lado, organizaciones sociales como la Fundación Aldea muestran los datos y cifras que evidencian la magnitud del problema y lo catalogan como una pandemia social que alcanza a todo el territorio ecuatoriano. Ninguna de las 24 provincias está excluida de las estadísticas de los femicidios, siendo Guayas y Pichincha las que lideran el número de casos.
La directora de la Fundación Aldeas, Geraldina Guerra, revela que el índice de femicidios en el país creció en los años 2017 y 2021, y que el estudio realizado sobre realidades ocultas, datos olvidados e invisibilizados sobre femicidios en Ecuador determinaron que en el 2021 fue el año donde más casos se presentaron y que en el 2022 la violencia contra las mujeres está escalando con nuevas formas en que se presenta el femicidio, y que el Estado tiene que responder como garante de derechos.
Fuente El Universo