Dar la oportunidad a la mayor cantidad de actores y agentes de cambio para que aporten a una nueva realidad de las mujeres víctimas de violencia, en especial, de femicidio y de sus familiares y allegados, es una prioridad para la Comisión de Garantías Constitucionales que continuó el tratamiento del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiaresde Víctimas
de Femicido.
En esta ocasión la comisión recibió a Loli Valladares, representante de ONU Ecuador, quien manifestó que es importante reconocer las condiciones particulares de las mujeres víctimas; establecer las sanciones para funcionarios que no cumplan la normativa de reparación; que se cree un fondo estatal de reparación para que cubra las indemnizaciones cuando el femicida no pueda hacerlo, además de determinar reparaciones simbólicas como disculpas públicas o que se hagan públicas las sentencias para que se identifique la culpabilidad del agresor.
El asambleísta José Maldonado advirtió que se desconocen las particularidades de cada mujer y hombre indígenas, mientras que Belén Mayorga solicitó la ampliación del criterio de la verdad y realidad de los hechos expuestos por la representante de la ONU.
La intervención de la asambleísta Jahaira Urresta se centró en la reparación simbólica que mencionó Loli Valladares. Recordó que una de las propuestas que consta en el proyecto es la construcción de un monumento que represente a las víctimas de femicidio, como una reparación simbólica cuyo objetivo sería crear conciencia sobre la violencia de género y el femicidio en Ecuador.
En otro orden, la comisión recibió a los exasambleístas Gabriela Larreátegui y Byron Maldonado, quienes expusieron sus propuestas de reformas a la Ley de las Personas Adultas Mayores. En su presentación, Gabriela Larreátegui informó que existe un millón 500 mil adultos mayores, de los cuales el 75 % está en pobreza y extrema pobreza.
Afirmó que la principal preocupación es el trato y la falta de cuidado al adulto mayor, que requiere atención prioritaria. Según datos de 2019, más de 460 mil adultos mayores sufren de algún tipo de violencia en los centros de cuidado de adultos mayores y también en su entorno familiar.
De su lado, Byron Maldonado expuso su proyecto de Ley Reformatoria a Diversos Cuerpos Legales para Garantizar los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Aseguró que solo el 17 % de las personas adultas mayores tienen acceso a un empleo y el 58 % no tiene acceso a la Seguridad Social, de ahí la importancia de brindar la protección.
El proyecto modifica el COOTAD para incluir como competencia de los gobiernos autónomos descentralizados la atención a este grupo poblacional, en cuanto a construcciones accesibles, ventanillas exclusivas, transporte que dé cumplimiento a los derechos de adultos mayores, recreaciones y prácticas propias de su edad, así como la fijación especial de una pensión alimenticia.
Las propuestas tienen como objetivo regular y profesionalizar la actividad de los cuidados de personas adultas mayores, tanto en el ámbito domiciliario como en instituciones públicas o privadas, así como garantizar sus derechos y favorecer el cuidado profesional y digno que les otorgue una buena calidad de vida, proporcionándoles ayuda emocional, social y física.
Adrián Castro, vicepresidente de la comisión, sugirió incorporar un catálogo de beneficios del adulto mayor, para darle operatividad al proyecto de ley, mientras que Paúl Buestán, dijo que esta es una oportunidad para que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de atender a los grupos de atención prioritaria.
KC/pv