El primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual se dará este sábado 10 de diciembre del 2022, a las 13:30, en modalidad virtual. Se trata de una iniciativa calificada por el Ejecutivo como urgente en materia económica.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), hizo la convocatoria este jueves 7, un día después de que la Comisión de Desarrollo Económico entregó el informe respectivo y que fue aprobado por unanimidad entre los delegados de todas las fuerzas políticas.
Saquicela manifestó que la idea es que el trámite de este cuerpo legal, que requiere de al menos 70 votos para ser aprobado, concluya hasta el 18 de diciembre, un día antes de que el Parlamento se acoja al segundo y último receso legislativo de este año por 15 días.
El informe recoge los aportes de autoridades en materia de telecomunicaciones, producción y comercio, economía y finanzas; y, educación superior, así como también de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con infraestructura y servicios tecnológicos y producción audiovisual.
Los componentes
En el ámbito audiovisual, el proyecto crea el certificado de inversión audiovisual (CINA) a favor de productoras nacionales y extranjeras hasta por el 37% de los costos y gastos que incurran en el Ecuador en servicios audiovisuales y logísticos.
Asimismo, establece un régimen especial de exoneración tributaria para la importación de bienes de capital para producciones audiovisuales; la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas a los pagos en el exterior por productos, salarios o viáticos para producciones audiovisuales; del Impuesto a la Renta en pagos al exterior por la prestación de servicios en la producción audiovisual; y, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales avalados por el Servicio de Rentas Internas.
Para el fomento de la trasformación digital, se plantea la exoneración del pago de tarifas por asignación y uso del espectro radioeléctrico para frecuencias para uso de emergencia y fines humanitarios.
Prevé dos requisitos para la posesión de un título valor electrónico: control exclusivo de una persona e identificación de la persona; determina que todos los servicios notariales serán prestados también de forma telemática y que las notarías están facultadas para validar firmas electrónicas de los documentos. Además, virtualiza procesos judiciales como expedientes digitales completos, citaciones electrónicas y audiencias telemáticas.
Fuente: El Comercio