Proyecto sobre paraísos fiscales ya tiene informe favorable para segundo debate

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe en materia de paraísos fiscales. El organismo da respuesta al mandato del pueblo expresado en la consulta del 19 de febrero de 2017 y viabiliza la plena aplicación de la normativa.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral, el 55,12 % de la ciudadanía apoyó la prohibición para que los funcionarios públicos y representantes de elección popular puedan tener bienes de cualquier naturaleza en países considerados paraísos fiscales.

El proyecto en mención será conocido y resuelto por la Asamblea Nacional este jueves 6 de julio, en la sesión 465 del Pleno.

Cambios sustantivos

La asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta de la comisión, en diálogo con la prensa, explicó que se fija un ámbito administrativo de ejecución de la ley, rápido y eficaz, a través de la investigación y de una auditoría de examen especial que hará la Contraloría General del Estado para las personas que no son sujetas de control.

Mientras que en los casos de dignatarios sujetos a control político (Presidente, Vicepresidente de la República, asambleístas), el expediente pasará a conocimiento de la Corte Constitucional, que verificará el cumplimiento del debido proceso. Con esto se evita que en cuerpos colegiados, como la Asamblea Nacional, concejos municipales, entre otros, impere la voluntad de los integrantes, de las mayorías, de las fuerzas políticas y no de la aplicación de la ley para juzgar un caso de este tipo.

De esta forma se hace posible que la voluntad popular sea efectiva en la aplicación de la norma, expresó, tras argumentar que esa nueva atribución que se otorga a la Corte Constitucional es de última  instancia y permite hacer control posterior. Luego de agotar el procedimiento en la Contraloría, la Corte verificará que el funcionario ejerza su defensa con respeto al debido proceso.

SRI

La asambleísta también comentó que el Servicio de Rentas Internas (SRI) es la entidad única y competente para definir el listado de los paraísos fiscales. La ley no tendrá efecto retroactivo y el plazo de un año corre desde la promulgación de los resultados electorales.

Por tanto, para los funcionarios públicos, candidatos, dignatarios que hoy tengan bienes o participaciones en paraísos fiscales, el plazo está corriendo desde el 6 de marzo de 2017 y vence en febrero de 2018, sostuvo Marcela Aguiñaga.

Los casos de paraísos fiscales se darán por denuncia ciudadana o cualquier investigación a través de un examen especial que haga la Contraloría, como también por denuncias de autoridades del SRI. Hay una parte relacionada con las investigaciones que realizan las unidades de lavado de activos como información para cotejar con un proceso de auditoría, agregó.

Por último, indicó que el proyecto reforma la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código de la Democracia y otras normas. /Asamblea

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