Proyecto de reformas a Ley de Defensoría del Pueblo, Acuerdo sobre pesca ilegal y renuncias a comisiones ocasionales tratará el Pleno

Reforzar la estructura organizativa y operativa de la Defensoría del Pueblo para garantizar su independencia es uno de los objetivos del proyecto de Ley que rige a esta entidad y que tratará el Pleno en segundo debate, este martes 27 de noviembre, a partir de las 09:30

La presidenta de la Asamblea,Elizabeth Cabezas Guerrero, convocó a los parlamentarios a la sesión 556, en la que, además, se conocerá y resolverá sobre las renuncias a las comisiones ocasionales que atienden los temas de los jubilados y de la niñez. También se tramitará el informe del Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal.

Defensoría del Pueblo

El proyecto reformas a la Ley de la Defensoría del Pueblo lo estudió la Comisión de Participación Ciudadana. Busca otorgarle independencia a la Defensoría del Pueblo en los ámbitos administrativo, financiero, presupuestario y organizativo.

Sin embargo, en lo fundamental, el proyecto prevé lineamientos para proyectar a esta institución como una entidad que cumple el mandato de promocionar y proteger los derechos humanos, así como los de la naturaleza.

De acuerdo con el informe, la Ley actual no desarrolla los derechos constitucionales vigentes como los de la naturaleza y movilidad humana. Además, reproduce un modelo vertical y concentrador de atribuciones en la figura de la o el Defensor del Pueblo. Con la nueva propuesta se clarifica sus competencias y se establece un modelo de funcionamiento desconcentrado, con procesos más ágiles y oportunos.

Por ejemplo, para el cumplimiento de sus atribuciones contará con delegaciones en cada provincia el país y con delegados en el exterior. En este caso, se crearán representaciones en los países de destino o tránsito en los cuales se identifiquen situaciones que amenacen o vulneren gravemente los derechos humanos de ecuatorianos en el exterior.

Podrá, de igual forma, crear comisiones especiales para atender situaciones que vulneren gravemente los derechos. También, busca activar la participación de la sociedad civil. Al Defensor o Defensora del Pueblo se le exige organizar, con dicha sociedad, la conformación de consejos y defensores de derechos humanos.

Además, se propone que la Defensoría del Pueblo vele para que el Estado cumpla las obligaciones de garantizar las condiciones para que las personas defensoras de los derechos humanos realicen sus actividades libremente; no impedir sus actividades; evitar actos destinados a desincentivar o criminalizar su trabajo; a protegerlas si están en riesgo; y, a investigar y sancionar delitos perpetrados en su contra.

La propuesta tiene un enfoque de derechos humanos, de la naturaleza, intercultural e intergeneracional.

La norma vigente rige desde 1997, por lo que, según el informe, no guarda correspondencia con la Constitución de 2008, ni con instrumentos internacionales, como los Principios de París. /Asamblea

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