El martes 24 de junio de 2025, a las 16:00, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, calificado como económico urgente por el presidente Daniel Noboa. La norma busca responder de forma estructural a la corrupción y fortalecer la institucionalidad del país, según el Gobierno.
Segundo debate de la ley de contratación pública en la Asamblea Nacional
La sesión 13 fue convocada específicamente para abordar este segundo debate, luego de que la Comisión de Desarrollo Económico aprobara el informe respectivo, con ocho votos a favor, el domingo 22 de junio.
Ejes centrales: integridad, transparencia y talento humano
El informe aprobado recoge observaciones del primer debate y sugerencias de autoridades, instituciones públicas y privadas. Según Francisca Herdoiza, asesora de la comisión, la propuesta reforma de forma sustancial la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley Orgánica del Servicio Público, y más de 10 leyes adicionales.
Entre los cambios clave están:
La incorporación de la integridad como eje rector del sistema de contratación pública.
Un nuevo enfoque en el régimen de talento humano, que prioriza estabilidad laboral basada en resultados, competencias y profesionalismo.
La tipificación del prevaricato cometido por jueces y fiscales dentro del Código Orgánico Integral Penal.
La obligación de que entidades con bienes destinados a formación policial los transfieran a la Universidad de Seguridad Ciudadana, en un plazo de 180 días.
Nuevos plazos máximos para actualizar manuales de personal y procesos de evaluación de desempeño.
Reformas a la Ley de Transporte para limitar el uso de ingresos por fotomultas únicamente al pago de equipos y mantenimiento.
Una norma contra la corrupción y la violencia
Durante su tratamiento en la comisión, los legisladores resaltaron la profundidad de la propuesta. Sergio Peña sostuvo que la ley no vulnera el principio de unidad de materia, ya que todos sus componentes apuntan a un objetivo común: erradicar la corrupción y proteger a los grupos vulnerables.
Diego Franco, por su parte, destacó que se trata de una “ley profundamente humana”, que busca transformar al Estado en un instrumento útil para la ciudadanía.
La propuesta fue enviada la Asamblea Nacional el 27 de mayo del 2025 como proyecto de ley económico urgente. El Legislativo tiene hasta el 26 de junio para pronunciarse.
Fuente: elcomercio.com
