Pese a que la jueza penal de Latacunga Paola Bedón declaró el lunes último la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal abierto contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, quien era acusado del delito de paralización de un servicio público, el líder indígena aún mantiene vigentes otras trece investigaciones por varios delitos, como rebelión, paralización de un servicio público y odio racial.
La nulidad en este caso llegó ante la existencia de una violación de procedimiento, pues no debió haber ́procedido una flagrancia en vista de que se habían dado seguimientos a Iza desde días antes de su detención, es decir, el 6 y el 9 de junio pasado. Según Bedón, ella no fue alertada en la audiencia de formulación de cargos y flagrancia, del 14 de junio pasado, de esos seguimientos ordenados por un juez de Cotopaxi.
El caso en el que se acaba de declarar la nulidad, a decir de Carlos Poveda, abogado de Iza, era el que más avanzado estaba de las catorce causas que se le abrieron por hechos relacionados con los 18 días de protestas sociales dadas en junio pasado. Según Poveda, las tres figuras penales antes mencionadas son las que se repiten en varios casos en los que se investiga al líder indígena.
La causa por paralización de un servicio público llegó a la etapa de juzgamiento casi inmediatamente, porque se llevó bajo la figura de juicio directo.
La movilización de junio pasado fue convocada principalmente por la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
Poveda asegura que en las otras investigaciones previas que se están llevando en la Fiscalía ellos se están presentando, cumpliendo y colaborando con lo que solicita la Fiscalía. En Quito y Cotopaxi habrían ocurrido los hechos por los que se investiga al presidente de la Conaie. En unos casos, la Fiscalía abrió de oficio las investigaciones; y, en otros, fueron abiertas tras denuncias puestas por personas particulares.
Mediante un comunicado público, el Ministerio de Gobierno señaló que respetaba la decisión tomada por la jueza Bedón, quien —se resaltó— encontró “que el procedimiento no era correcto”. Además se aclaró en el documento que la jueza no se pronunció con relación a si la detención fue ilegal o no. “En los próximos días se determinará cuál será el procedimiento a seguir”, se apuntó.
Fuente El Universo