Proforma 2022 genera nueva polémica entre Asamblea y Ejecutivo por no inclusión de observaciones

Una nueva polémica se ha generado entre la Asamblea y el Ejecutivo, esta vez por la vigencia de la proforma presupuestaria 2022 y la programación cuatrianual. Ayer, el pleno de la Asamblea se ratificó con 96 votos a favor (más de las dos terceras partes) en cinco observaciones que había presentado al Ejecutivo sobre la proforma 2022, pero que éste no había acogido.

Las observaciones tienen que ver con “revisar” las asignaciones realizadas a Educación, Salud, las universidades, el sector carcelario y “especificar” con cifras más certeras cuánto se piensa obtener con el tema de la monetización de activos.

De acuerdo con la Constitución, una vez que el Gobierno se ratificó en sus propuesta original, la Asamblea podía a su vez ratificarse con los dos tercios de votos, lo cual sí ocurrió, al tener 96 votos. Lo que no queda claro es qué pasa luego. Esto porque en el artículo 295 dice textualmente: “La Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva”.

Para la asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, la ratificación de la Asamblea significa la aprobación de la proforma “con observaciones que debería cumplir el Ejecutivo”. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas ayer informó que “considerando que ni la Constitución ni ninguna Ley prevén que la ratificación en las observaciones de la Asamblea implique negativa o impedimento alguno, la Proforma 2022 entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley tal como la envió el Ejecutivo (sin observaciones de la Asamblea)”.

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El constitucionalista Ismael Quintana reconoció que el artículo 295 de la Constitución no dice claramente pues está mal redactada, cuáles son los efectos o la consecuencia jurídica de la ratificación de la Asamblea en sus observaciones sobre la proforma. Y en este sentido, habrá, como ya está pasando dos posiciones: desde el Ejecutivo decir que no hay pronunciamiento expreso sobre el tema, y desde la Asamblea, decir que deben acoger las observaciones ratificadas con más de dos tercios de los votos. En este sentido, dice debería hacerse una interpretación del espíritu de la norma.

Para Quintana el espíritu era que la Asamblea también participe en el debate de la proforma. Si no hubiese querido, entonces no le habría dado esta facultad. Para Quintana esta posición del Gobierno demuestra un desprecio al artículo 295 de la Constitución. Adicionalmente señala que la única forma que el Gobierno tenía para que se publique la proforma tal cual envió por segunda vez, era que la Asamblea no se hubiese ratificado en sus observaciones.

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Con la interpretación que da el Gobierno, dice Quintana, resulta que si los asambleístas no logran los votos para observar, entra en vigencia la propuesta del Gobierno, y si sí tienen los votos, entonces también se publica la propuesta del Gobierno. Esto significaría que se han perdido 40  días al menos, en un tema que iba a tener el mismo resultado, lo cual no es lógico.

Con una posición de este tipo, el Gobierno genera un mal precedente para gobiernos futuros y además ratifica la percepción de que carece de asesoría jurídica, dice.

Previo al debate, la presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño, había mencionado que en la proforma 2022 hay una disminución del presupuesto para Educación y Salud, y aseguró que el Gobierno estaba comparando los rubros entregados con el presupuesto codificado hasta agosto. Según su entender esto significaba que el Gobierno había comparado solo lo ejecutado hasta agosto, con lo asignado para 2022. Esta apreciación estaría errada pues, durante las comparecencias se les explicó por parte de la Subsecretaria de Presupuesto, Olga Núñez, que el presupuesto codificado a agosto no es el ejecutado a agosto, sino una suerte de proyección a diciembre que va cambiando cada mes y que en el caso de la comparación se había tomado con corte a agosto.

El ex ministro de Economía, Fausto Ortiz, había explicado a través de redes sociales, que las observaciones hechas por la Asamblea no estaban técnicamente construidas, pues no tenían relación con los rubros de ingresos gastos por sectores como dice la ley. Es decir tenían que pedir un cierto incremento en un rubro pero establecer qué se quitaba en otro. Por tanto, considera que las observaciones son inaplicables.

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El 29 de noviembre pasado, en su ratificación sobre la proforma, el Gobierno respondió a cada una de las observaciones, haciendo explicaciones más amplias de cuáles eran las razones técnicas para haber asignado cada uno de los montos, y que en definitiva, se cumplía con los temas de ley.

En resumen, las observaciones de la Asamblea fueron:

1. “Revisar las asignaciones” a los sectores de Educación y Salud, para garantizar los respectivos incrementos anuales establecidos en la Constitución y cubrir la demanda de sus servicios por parte de los ciudadanos. Sin embargo, para el Ejecutivo, el incremento del 0,5% de Salud y Educación sí se cumple este año.

2. “Revisar las asignaciones o, procurar compensaciones”, que aseguren a las Universidades y Escuelas Politécnicas ampliar los cupos y reactivar investigación. En el mismo sentido, el Gobierno dijo que se estaba cumpliendo con la ley, en este caso.

3. También la Asamblea pidió “revisar las asignaciones” para el pago de incentivos jubilares pendientes, a fin de que saldar progresivamente la deuda del Estado a los jubilados. En este caso, el Gobierno había recordado a la Asamblea que la deuda por incentivos jubilares data de gobiernos anteriores y que lo asignado en este año era lo que la sostenibilidad fiscal permitía.

4. Adicionalmente, se pedía “revisar las asignaciones” para el financiamiento del sistema nacional de rehabilitación social, “a fin de lograr soluciones para la crisis carcelaria”. En este caso, el Gobierno también detalló todo lo asignado a cárceles, dentro de las posibilidades que permite el presupuesto.

5. En el quinto punto, la Asamblea pedía “especificar los montos esperados a recaudarse” y su programación anual por cada activo público no financiero que está programado para su venta o monetización, así como las gestiones planificadas para tal efecto. En este tema, el Gobierno explicó que el total de los cinco activos que estarían próximos a ser monetizados: Refinería de Esmeraldas, Monteverde, Sopladora, Termogás Machala (cuatro concesiones) y Banco Pacífico (venta) equivalen a $ 2.800 millones, pero que no es posible saber exactamente cuáles entrarán este año. El Gobierno planea financiar al menos $ 900 millones del presupuesto con monetización de activos.

Fuente: El Universo

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