Principios de la libre expresión son parte de proyecto de ley enviado por Lasso a la Asamblea

No existe libertad de expresión real si determinadas ideas pueden ser censuradas antes de expresarse o si el Estado tiene el poder de castigar ciertos pensamientos. Esta es una de las motivaciones que se plantean en el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, el primero que el presidente de la República, Guillermo Lasso, remite a la Asamblea.

La frase sintetiza uno de los aspectos de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que el Ejecutivo propone eliminar y remplazar por una Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación.

Se trata de la derogatoria de 102 artículos de la LOC, del art. 1 al 91.4 y del 104 al 119 y de todas sus disposiciones generales. En este bloque se incluye el derecho a la rectificación que implicó en el régimen del expresidente Rafael Correa la publicación de artículos diseñados desde el poder, los que debían difundirse en los medios en el mismo espacio que había ocupado la nota original.

También se suprime la obligación de conservar por 180 días las grabaciones de la programación y la publicidad de las radios y canales de televisión contados desde que se emiten.

Se elimina igualmente la medida de incluir en los periódicos el número total de ejemplares colocados en circulación en cada edicion.

La exposición de motivos del proyecto de ley indica que acoge las recomendaciones de organizaciones como la Comisión de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de DD. HH., que habían solicitado el cese de la persecución judicial a los comunicadores y que se deje de acudir al derecho penal para solucionar los conflictos que surjan de la difusión de opiniones.

Un paso fue la derogatoria por decreto del Reglamento General de la LOC, emitido en enero del 2014, realizada el 24 de mayo último, en el primer día del mandato de Lasso.

El art. 3 del proyecto enumera 17 principios, como que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa abarca las expresiones artísticas, culturales, religiosas, políticas o de cualquier índole” y que “quienes ejercen la función pública se encuentran sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad que quienes no ejercen tales funciones”.

Tania Orbe, catedrática de la Universidad San Francisco de Quito y especialista en comunicación, expone que un caso reciente de intromisión en la vida privada de un funcionario es el del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien está en prisión preventiva acusado de abuso sexual. El hecho se derivó de videos filtrados.

En las imágenes “se observa que se violentó el toque de queda, que estaban en estado etílico, se ve un forcejeo. Entonces, son momentos de su vida privada que pueden afectar el interés público. En ese caso, sí es necesario mostrar en qué circunstancias ocurrió, el contexto en el que sucedió esto y hacer un seguimiento, porque no es posible que el denfensor diga que siente acoso, que se siente acosado por los medios, porque finalmente quien cometió la falla es él, que es un funcionario público. El deber de los medios no es solo filtrar los videos, sino explicar el contexto”, asegura.

La autorregulación de la actividad periodística, la que debe regirse por estándares éticos, es como el proyecto de ley resume las normas del oficio, que en la LOC del 2013 prohibía, por ejemplo, el linchamiento mediático, entre otros aspectos.

La propuesta plantea derogar también el art. 182 y el numeral 1 del art. 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluyen las penas que se imponen a quien comete calumnia y lo que está relacionado con el delito contra el derecho al honor y buen nombre.

Orbe destaca del proyecto la concreción de los 17 principios del art. 3. “Una ley de libre de expresión y comunicación no debe ser formulada para restringir, sino para promover las libertades. Los 17 principios de la propuesta mencionan el manejo ético que deben tener los medios y periodistas. La ética no puede estar medida por una ley, esta se debe discutir por cada caso y momento”, agrega, en referencia a la publicación de fotos o nombres de las personas acusadas de delitos sin tener sentencia ejecutoriada.

Entre los principios se establece que “ningún medio de comunicación, periodista o comunicador podrá ser sancionado por opinar o formular críticas o denuncias contra el poder público. No podrá iniciarse en contra de ellos procedimientos penales… por sus opiniones. Su responsabilidad ulterior será de naturaleza civil”.

Orbe considera que en un país democrático no es necesaria una ley que regule el derecho a la libertad de expresión. “Pero igual veo con buenos ojos esta apertura que se da desde el primer mes del mandato del presidente Lasso para incluso dividir aspectos que se pusieron en un mismo saco como la publicidad, la producción y la libertad de expresión y comunicación”, indica.

Aunque sí señala que hay vacíos que podrían remediarse durante el debate en la Asamblea: “Uno de ellos es el rumbo del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), creado con una consulta popular, por lo que no puede ser eliminado mediante ley”.

Entonces, agrega, sería necesaria su permanencia con funciones como la de registrar los medios existentes y su número de trabajadores. “Podría ser un ente capacitador, de formación profesional”.

Paulina Mogrovejo, exvocal del Cordicom, afirma que lo positivo del proyecto es que cumple con estándares internacionales, como la despenalización de la calumnia, que conlleva la eliminación de la medida de privación de libertad en los casos relacionados con el derecho de la libertad de expresión. “Aunque no está claro, en la reforma reduce esto a la instancia civil, lo que ya existía. Siempre hemos podido demandar por daños y perjuicios cuando somos imputados de algún delito sin pruebas”, afirma.

Lo negativo es la forma como se ha concebido, dice Mogrovejo. “No es una nueva ley en realidad, es una reforma a la actual LOC. En la práctica, la sustituye, pero desde el debido proceso parlamentario no funciona de esa forma. Esto podría retrasar la aprobación”.

A Mogrovejo le preocupa también que con lo que se plantea derogar se deja sin posibilidades de exigibilidad los temas de la publicidad equitativa, la difusión de contenidos interculturales y los relacionados con el 1×1, que obligaba a la emisión de música local. “Estos últimos se mantienen, pero sin formas de seguir procesos de defensa o de exigibilidad”.

Supercom ya fue eliminada en el 2019

 

En 96 artículos de las reformas a la LOC vigentes desde febrero del 2019 y enero pasado ya se sustituyeron, eliminaron o agregaron normas, tras la aprobación de reformas planteadas por el régimen del expresidente Lenín Moreno. En estos cambios ya se eliminó, por ejemplo, la figura del linchamiento mediático, la equidad en la publicidad de los casos judiciales, la consideración de los medios como personas naturales o jurídicas, al determinar que son “organizaciones públicas, privadas y comunitarias” y la denominación de que la comunicación sea un servicio público, lo que implicó una mayor regulación estatal.

En la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, publicada en el Registro Oficial en febrero del 2019, ya se suprimió la Superintendencia de la Información y Comunicación, que emitía sanciones administrativas a los medios de comunicación que incumplían esa normativa, al igual que la obligación de contar con un defensor de audiencias en las empresas periodísticas.

Desde la aprobación de la LOC hasta el 2017, a través de la Supercom, hubo 370 casos de sanciones.

Además, se derogaron en el 2019 las normas deontológicas, como la que obligaba a distinguir entre noticias, opiniones y publicidad.

Según el proyecto de ley presentado por Lasso, el artículo 98 de la LOC, que exige que la publicidad difundida a través de los medios de comunicación sea producida por personas ecuatorianas al menos en un 80%, seguiría en vigencia de aprobarse tal cual.

 

Fuente: eluniverso.com

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