El Gobierno calcula entregar en 2023 al sector de Seguridad -que intgera al Ministerio del Interior, de Defensa, Riesgos, Cárceles y otros- un 3,31 % más de lo que está presupuestado hasta diciembre del 2022. Mientras en el presupuesto codificado del 2022 se calcula entregar en el año $ 3.257,2 millones; en el 2023 se entregaría a este sector $ 3.364 millones.
Ecuador al momento vive una difícil coyuntura de inseguridad que se traduce justamente en varios atentados perpetrados la madrugada del 1 de noviembre del 2022.
Frente a los problemas de inseguridad, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemana, aseguró que se entregará mayor presupuesto y explicó por ejemplo que se podría contratar más personal policial en 2023. Al momento Ecuador cuenta con 53.000 policías y la idea sería subir ese número a 80.000.
En este sentido, de acuerdo con la proforma 2023 presentada este 31 de octubre ante la Asamblea Nacional hay varias entidades de Seguridad que recibirán más presupuesto. Por ejemplo, el Ministerio del Interior pasa de $ 3,69 millones a $ 75,5 millones. Esto significa incremento de 1.943,3%. La entidad de medicina Legal también registra un incremento de $ 9,7 millones a $ 12 millones, lo que representa un 24,16 %.
En cuanto al sistema carcelario, el presupuesto se incrementará de $ 127,8 millones a $ 138 millones, es decir unos $ 10,15 millones adicionales, lo que representa un crecimiento del 7,94 %. La Secretaría nacional de Seguridad Pública tendrá un presupuesto de $ 1,4 millones.
Sin embargo, dentro del sector hay ciertas entidades que verán disminuido de manera leve su presupuesto. Por ejemplo, la Policía Nacional que tiene previsto recibir $ 1.347 millones en 2022, para el 2023 recibiría $ 1.341 millones, es decir registra una reducción de -0,4 %. La Dirección Nacional de la Policía también registra una baja al pasar de $ 6,49 millones a $ 6,42 millones (-1,02 %). Entre tanto el centro de Inteligencia Estratégica tendrá una baja más significativa, al pasar de $ 27,7 millones a $ 22 millones. Es decir un 5,6 % de disminución.
La proforma presupuestaria que fue entregada el lunes 31 de octubre ante la Asamblea, al presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, asciende a $ 31.503 millones, un 11,07 % menos que el presupuesto codificado a diciembre del 2022. Es decir, de manera general tendrá una reducción de más de $ 3.900 millones.
De acuerdo con el presidente de la Asamblea, este miércoles se conocerá de manera oficial el documento en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que posteriormente se pueda designar a la Comisión encargada de tratar el tema y presentar el informe respectivo ante el pleno. Normalmente esa comisión es la de Régimen Económico. Tal vez por ello, el ministro Arosemena presentó el lunes también de manera protocolar dicha proforma a Mireya Pazmiño, presidenta de dicha Comisión. Durante el encuentro que tuvieron Pazmiño y Arosemena, el ministro dijo que su intención es tener un acercamiento y un trabajo en conjunto con la Asamblea, para así bajar la percepción de incertidumbre a nivel internacional. Por su parte, Pazmiño indicó que dicha incertidumbre más bien la genera el propio Gobierno porque da declaraciones en el sentido de que la Asamblea no le apoya. Al finalizar el encuentro Pazmiño colocó en su twitter un mensaje que hacía mención a que dicha Comisión aprobó un Informe sobre la ejecución presupuestaria de periodo enero a junio y que, sostuvo, evidencia la desatención a la agenda social.
De acuerdo con el artículo 294 de la Constitución, la Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea debe controlar que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo. Tras la presentación de la proforma ante la Asamblea Nacional, 60 días antes del inicio del siguiente año fiscal, la Función Legislativa debe aprobarla u observarla, en los treinta días siguientes y en un solo debate. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por el Ejecutivo.
Las observaciones de la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse en su propuesta original. La Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva.
Fuente: El Universo