La promesa de la ahora exministra de Energía, Andrea Arrobo, fue que la Ley de Competitividad Energética o No más Apagones, pondría fin a los cortes de luz.
Esa norma entró en vigencia el 11 de enero de 2024, pero tres meses después Ecuador volvió a los cortes programados de luz.
La crisis de ahora es más severa que a finales de 2023, pues ahora las suspensiones del servicio de electricidad ya no son de tres y cuatro horas consecutivas, sino de hasta de nueve horas.
¿Funciona la ley energética? Pero ¿por qué no respondió la ley de Daniel Noboa a las urgencias del sector eléctrico? La punta de lanza de la Ley de Competitividad Energética era la promoción de proyectos de pequeña generación de electricidad renovable. En específico, la norma incentivaba la instalación de proyectos de energía renovable no convencional de hasta 10 megavatios, al facilitar los procesos de contratación.
El consultor del sector eléctrico, Gabriel Secaira, explica que el resto de proyectos debe pasar por un trámite largo, que incluye la presentación de los estudios de prefactibilidad hasta obtener el título habilitante, previo a la firma del contrato de concesión.
Incluso, ley de Noboa ordenaba al Ministerio de Energía autorizar el desarrollo, sin concurso público, de los proyectos de inversión privada de menos de 10 megavatios y de generación renovable no convencional (como, solar, eólica o geotermia).
“La Ley de Competitividad (de Noboa) facilitaba la aprobación de estos proyectos sin ir por tantos requisitos (…). Pero no se ha conocido que se haya firmado ningún contrato de concesión bajo la Ley”, dice Secaira.
Por otro lado, la ley establece que los consumidores podrán instalar sistemas eléctricos de generación distribuida para su autoabastecimiento, a partir del uso de energías renovables no convencionales.
Es decir, empresas podían construir plantas solares, eólicas y de geotermia para su propio consumo, utilizar parte de esa energía y los excedentes, venderlos al Sistema Nacional Interconectado para abastecimiento del país.
Pero solo podían ser plantas pequeñas (de menos de 10 megavatios). Así planteada la ley parece ser insuficiente frente a las necesidades energéticas que ahora tiene Ecuador.
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