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Acceso a la justicia afectado por recorte presupuestario

A partir del 17 de marzo de este año, que se declaró la pandemia por la presencia del coronavirus en el país, se restringió el servicio en la Función Judicial, con excepción de 250 unidades de flagrancia, en las que permanecieron activos 670 servidores a nivel nacional.

En la primera semana de emergencia sanitaria solo atendieron las unidades de flagrancia, que adoptaron protocolos de bioseguridad y plan de retorno a las actividades, indicó el director general del Consejo de la Judicatura (CJ), doctor Pedro Crespo, durante una entrevista con Diario EL TELÉGRAFO.

De manera progresiva y creciente se abrió el resto de unidades, y las dependencias jurisdiccionales protegieron la salud de los usuarios al mantener el distanciamiento social y de salud.

Sin embargo, “tenemos problemas financieros por los recortes presupuestarios que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, y no tenemos todos los recursos necesarios para dotar de insumos a los servidores”.

En 2019 tuvimos un recorte de aproximadamente $ 7’230.000 que afectaron a varias partidas de gastos; y en 2020 se recortaron $ 13 millones, lo cual suma $ 20 millones y medio.

El presupuesto de arranque para este año fue de $ 363 millones y en este momento, con los recortes, estamos aproximadamente con $ 340 millones.

“Esto imposibilita a la Función Judicial de cumplir con su función fundamental de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de los ecuatorianos”, aseguró Crespo.

Esta situación impide al Consejo de la Judicatura de dotar de recursos a las diferentes unidades jurisdiccionales, tanto en el ámbito del talento humano, cuanto en la provisión de recursos tecnológicos, señaló.

Por ejemplo, las licencias y otros elementos para activar el sistema informático tan necesario en tiempo de pandemia, la actividad semipresencial, y las videoconferencias desde los domicilios de los servidores judiciales, a fin de evitar contagios. “Ha sido una batalla difícil, pero los judiciales concurren a laborar a las oficinas, con el riesgo que esto implica”.

Crespo reveló que tienen un piloto del expediente electrónico y del trámite web que se aplica en las provincias de Pastaza e Imbabura, pero necesitan recursos para implementarlo en su totalidad a escala nacional.

Sostuvo que se requieren aproximadamente $ 7 millones para este proyecto. A futuro, este generará un ahorro para el Estado y la Función Judicial y los usuarios. “Esto significará más agilidad en la justicia”.

El funcionario también reveló los problemas que tienen en la implementación de las unidades de violencia contra la mujer, niñas y adolescentes, sobre todo en la contratación de personal, para lo cual necesitan $ 1’217.000, que fueron certificados, pero al momento no les proveen de esos recursos. “Tenemos contratos que están pendientes de ejecución y se requiere de recursos para pagar a los contratistas y si no lo hacemos seremos demandados por mora en los pagos”.

También tienen problemas con la remodelación del emblemático edificio del Palacio Justicia de Portoviejo; con el sistema de ventilación del Complejo Judicial Florida Norte, en Guayaquil; y con la reparación de cuatro ascensores de la Corte Provincial de Guayas. “Estos recortes nos están asfixiando”, detalló.

Fuente: eltelegrafo.com.ec

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